En el programa televisivo disertaban cuatro profesionales de la ciencia política. El diálogo se desarrollaba fluido, ameno e informado hasta que se atascaron en un asunto de naturaleza económica: el mensaje contradictorio entre la elevación de la calificación de la deuda pública de México y el resultado poco optimista que arrojó la última encuesta del índice de confianza del consumidor.

La calificación de la deuda pública puede diferir de las perspectivas de los consumidores en razón de que se trata de dos indicadores muy diferentes que miden cosas distintas. Al referirse a la calificación de la deuda fue que los politólogos que inspiraron la presente entrega cometieron su primer error. La calificación que fue elevada no corresponde a la deuda de México en general, sino sólo a la deuda del gobierno. Lo que quiere decir esa elevación es que, a juicio de las calificadoras, la probabilidad de que el gobierno incumpla con los pagos de su deuda se ha reducido.

Es claro que la probabilidad de que Hacienda no pueda hacer frente a los pagos de la deuda pública depende en gran medida del desenvolvimiento que tenga la economía del país. Si este desenvolvimiento resulta muy favorable, hasta podría suceder que la calificación fuera elevada aún más. Pero esa eventualidad tiene poca conexión con la percepción que tienen las familias de su horizonte de bienestar en un plazo bastante corto.

Lo que se denomina confianza del consumidor es una realidad bastante subjetiva e imprecisa. El pronóstico correspondiente suele formularse mediante una prolongación hacia adelante de la situación que han vivido las familias encuestadas en el pasado reciente. El hecho duro es que las familias no han vivido en tiempos recientes en jauja. En el único comentario acertado que escuche sobre el tema, Sergio Aguayo se refirió al amago furioso que sufren las familias por parte de los recaudadores de impuestos, tanto federales como locales. A ello cabe agregar el panorama de desaceleración del 2013 y que los consumidores suponen se mantendrá durante el 2014.

Una aclaración conveniente sobre esta aparente contradicción podría advenir con tan sólo atender una división del trabajo básica: los politólogos que opinen de política y que consulten el parecer de algún economista esclarecido cuando se trate de algún fenómeno que requiera un análisis particular.

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