Los efectos perjudiciales que está teniendo la reforma fiscal en millones de mexicanos hace más necesario mirar y escrudiñar cómo se gastan los impuestos que pagamos. Y basta ver algunos ejemplos del gasto del dinero de los contribuyentes para tener motivos de molestia por el aumento de impuestos y las nuevas disposiciones hacendarias.

Una de las fuentes de irritación es el excesivo costo del sistema político-electoral del país. La Fundación Internacional para los Sistemas Electorales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró al de México como el segundo más caro del planeta, solo detrás de Camboya. Un estudio del CIDE (en el 2010), concluyó que el costo por elector en el país era de 17.24 dólares, contra 94 centavos de costo por elector en trece países latinoamericanos.

Del dinero que los contribuyentes destinamos al sistema electoral, aproximadamente una tercera parte va a manos de las burocracias partidistas. Entre 1997 y el 2014, las organizaciones de profesionales de la política han consumido 53,036 millones de pesos, según cifras del Instituto Federal Electoral (IFE). A eso habría qué sumarle el financiamiento público en cada entidad federativa.

Solo como ejemplo, en Jalisco, se han destinado a los partidos 1,690 millones de pesos de 1997 a la fecha, según un recuento reciente del diario El Informador (11 febrero 2014). Falta un recuento del costo de los partidos en el resto de la república. No sería errado suponer una inversión de casi 100,000 millones de pesos para los partidos de 1997 a este año.

Una buena parte del dinero que las organizaciones reciben, se destina a las campañas electorales, y el resto sirve para el mantenimiento de sedes partidistas y de su alta y costosa burocracia. En Jalisco, la mayoría de los dirigentes partidistas tienen sueldos altos, además gastar una parte del financiamiento en la compra de vehículos costosos para el uso de los dirigentes. Es muy poco que el dinero que los partidos destinan a la formación de sus cuadros y a la educación política.

El dinero a los partidos es un desperdiciado, por más que los defensores del sistema político sostengan que es un mal necesario para sostener la democracia.

Pero no es así, según la opinión de millones de mexicanos que ponen en duda que en el país impere una democracia real. En 2011, 83% de los mexicanos consideró que no se gobierna para bien de todo el pueblo, según Latinobarómetro.

El costoso modelo de financiamiento público a los partidos deriva de la reforma política federal de 1997. El entonces presidente Ernesto Zedillo la defendió, alegando que así se impedía que dinero del crimen organizado entrara a los partidos y a las campañas electorales.

Y ahora estamos en el peor de los mundos posibles, pues sabemos que hay dinero de la delincuencia financiando candidatos y campañas, mientras que los mexicanos destinamos enormes sumas de dinero al pago de las burocracias partidistas. Es un dinero que debiera destinarse a fines más necesarios que mantener a las estructuras de los políticos profesionales. Es un dispendio al que urge ponerle fin.

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