En uno de los primeros, y más influyentes, libros sobre la insatisfacción actual de la democracia, El pueblo contra la democracia, Yascha Mounk, señala que uno de los motivos del desgaste actual es la contradicción que existe entre organismos técnicos, que actúan de manera independiente, y el mandato de los gobernantes electos, cuando la implementación de la agenda de éste, tiene como obstáculo las decisiones de los órganos. La existencia de estos entes ofrece certidumbre y solvencia técnica en decisiones de política pública; sin embargo, pueden reproducir sólo cierto tipo de soluciones, ya que no son objeto de escrutinio y no responden a lo que la mayoría quiere. Tampoco son muy baratos. El problema es cuando la creación de un órgano de esta naturaleza se concibe como la solución de un problema de política pública, o cuando son las élites las que los diseñan y controlan. Eso pasó en México por varios años, por lo que hoy ese modelo hace crisis y nos obliga a realizar una valoración seria de cuáles órganos autónomos queremos, a qué costo, cómo los vamos a evaluar y qué resultados esperamos. Por cierto, el diseño de dichos órganos, en no pocos casos, permitió pagar favores políticos y cuotas partidistas.

Existen instituciones autónomas que nadie duda en mantener. El primer punto del programa electoral de AMLO del 2018 fue apoyar la autonomía de Banxico. En particular pienso que esa autonomía debería ser acompañada por un mandato de promover el crecimiento económico y de mecanismos de evaluación a su trabajo por parte de expertos independientes. Por otro lado, en el tema electoral, la discusión reside en su enorme costo, por la sobrerregulación que existe, pero no en el hecho de que un órgano independiente organice las elecciones. En el tema de competencia, el modelo internacional sí es de entidades muy técnicas, por lo que la cuestión de las evaluaciones externas para los nominados es importante, aunque existe la exigencia de que sean más estrictas contra nuevos fenómenos de concentración, especialmente en EU. En realidad, el modelo actual hace muy difícil que los órganos de competencia evolucionen hacia formas más agresivas de control. La pregunta es cómo hacer que este tipo de organismos también respondan a la exigencia social de presionar para reducir los precios en industrias concentradas por nuevos fenómenos tecnológicos o la obsolescencia de la legislación.

Mounk llama a este fenómeno el de “tener derechos sin democracia”, ya que estos organismos toman cada vez más decisiones sin que los electos intervengan. La solución, argumenta Mounk, no es poner todas las políticas en las manos de expertos, tampoco eliminar los órganos técnicos, pero sí buscar un buen balance entre capacidad técnica, rendición de cuentas y respuesta al mandato de los electores por parte de los organismos del Estado, los que son autónomos del gobierno y de los que no lo son. Es un dilema que hoy enfrentan todas las democracias y que cuando no se resuelve se genera un déficit de representación, ya que los ciudadanos consideran que sus gobiernos son muy costosos, lejanos e incapaces de dar soluciones a sus problemas por estar dominados por instituciones que no responden a sus intereses, sino a un diseño institucional que garantiza los intereses de las élites.

En México tenemos una buena oportunidad de repensar a varios de los órganos con algún grado de autonomía, técnica o de gestión, y verificar que su diseño y el valor público que generan sea el correcto. El costo no puede ser el único criterio de evaluación, aunque vale la pena buscar la manera de reducirlo en varios casos. Se puede concluir que, actualmente en nuestro país, no tenemos un panorama de órganos autónomos eficaces, independientes y sólidos, por lo que vale la pena revisar, con cuidado, a varios de ellos, con la finalidad de fortalecer las instituciones democráticas de manera efectiva.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.