Se informó ayer que el domingo pasado fueron encontrados 11 cadáveres en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con la fiscalía general de ese estado (FGE-Mich), todos muestran signos de tortura y es muy posible que fueran delincuentes asesinados por sicarios pertenecientes a una banda enemiga.

Antes, entre los días 7 y 14 de enero, empleados de la Fiscalía General de Jalisco (FGE-Jal) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), desenterraron "secciones anatómicas que presumiblemente corresponderían a 29 personas" de una fosa clandestina en un predio en Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades afirman que esta fosa está relacionada con otras dos localizadas muy cerca: en una encontraron los restos de por lo menos 50 personas en diciembre pasado, y en otra, en noviembre, se desenterraron bolsas con 31 cuerpos desmembrados.

En total, los restos recuperados en Michoacán y Jalisco pertenecen a unos 110 seres humanos.

Algunos de ellos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares y amigos; otros no. Muchos tal vez jamás serán identificados y serán sólo un número más en una aterradora estadística que indica que México es un país muy violento en donde, para muchos, la vida no vale nada.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) informó a principios de este año que 3,631 fosas clandestinas fueron encontradas entre el 2006 y 2019. La misma CNBP explicó que del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019 se hallaron 873 fosas que contenían 1,124 cadáveres, habiéndose identificado hasta ahora sólo 395. Más de 60% estaba en Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco.

El 6 de enero pasado la comisión informó que durante los 55 años que transcurrieron entre 1964 y diciembre pasado se reportaron 147,033 personas desaparecidas, que 85,396 de ellas, 58%, eventualmente fueron localizadas, y que 61,637, 42%, nunca han sido encontradas.

La aterradora situación que vive el país es evidente si tomamos en cuenta que 97.4% de las 61,637 desapariciones, es decir 60,053, se registró del 2006 al 2019.

Tan sólo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reportaron 56,453 desapariciones, 91.6% de las 61,637, un promedio de 2,532 cada mes. Durante los primeros 13 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron 5,184 desapariciones, un promedio mensual de 399.

¿Cuántos de los desaparecidos están entre los 37,000 cadáveres que, según José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, no están identificados? ¿Podrán ser algún día identificados?.

En Veracruz, por ejemplo, con la actual infraestructura que tiene la fiscalía general estatal, se tardarán 15 años en identificar 1,044 cuerpos que hay en distintos depósitos de cadáveres, asegura la encargada de la FGE, Verónica Hernández.

En Jalisco, entre el 2006 y el 2015, durante los gobiernos de los panistas Francisco Ramírez Acuña (2001-2006) y Emilio González Márquez (2007-2013) y del priista Aristóteles Sandoval (2013-2018), el IJCF, con permiso de la FGE-Jal, incineró 1,559 cadáveres sin identificar.

Miles de personas desaparecidas jamás serán identificadas porque los gobernadores olvidaron que, si bien los muertos no votan, sus familiares sí lo hacen. Y por un partido de oposición.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.