Las líneas que dividen el servicio público de las actividades empresariales son tenues, tan imprecisas como la definición de conflicto de interés dentro de la administración pública en México. Un ejemplo reciente está en la incorporación de Hugo Alan Goñi Cabello como gerente en el capítulo mexicano de la firma española Scytl.

El politólogo itamita fungió brevemente apenas cuatro meses como asesor del director ejecutivo del Registro Nacional Electoral hasta principios de diciembre. En ese mismo lapso combinó el servicio público con sus tareas, como consultor independiente, especializado en asuntos electorales.

Antes, trabajó en las firmas internacionales FleishmanHillard y Burson-Marsteller, como encargado de la oficina de relaciones gubernamentales. Y antes, se desempeñó como asesor del presidente consejero del extinto IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien lo integró a su oficina tras de su paso por la coordinación operativa del PREP en los comicios federales del 2012.

Desde que se graduó en el ITAM, Goñi Cabello ha pasado intermitentemente de la consultoría al servicio electoral. Y ahora, reclutado por Scytl, enfrentará una prueba de fuego. En el pasado reciente, Edgardo Torres Caballero estuvo al frente de las operaciones de la firma ibérica en México, Latinoamérica y el Caribe. Entre sus primeros clientes estuvo el Instituto Electoral del DF, cuyos integrantes pasaron una década en intentos por instaurar el voto electrónico en uno de los estados con más empadronados de toda la República.

SCYTL se asume como el líder mundial en el desarrollo e implementación de hardware y software para procesos electorales, con más de 87% del mercado de voto por Internet y operaciones en 18 países. En el verano del 2013, Torres Caballero y Jean Souto, vicepresidente de ventas internacionales, participaron en un seminario internacional organizado por el entonces IFE. El éxito de sus gestiones pronto se vería materializado, con la implementación del sistema de contabilidad en línea de precandidatos y candidatos, además de la fiscalización de los gastos de campaña. La implementación del sistema, así como el soporte técnico, fueron materia de una convocatoria internacional del INE. El contrato IA3INE018, por 61 millones de pesos, cubrirá de septiembre 2014/diciembre 2016 y fue asignado a Scytl.

Pero como los consejeros electorales ya reconocieron, el sistema quedará activado hasta marzo del próximo año. Por contrato, la empresa quedó obligada a entregar el módulo de contabilidad el 14 de diciembre del 2014, luego capacitar a los funcionarios del INE y de partidos, para que el módulo sea utilizado a 100% a partir de la tercera semana de enero del 2015. ¿Y la fiscalización de las precampañas? El incumplimiento podría resultar oneroso: por cada día de retraso se aplicará una penalización de 2% del monto del contrato y después de alcanzar el monto de garantía (15%), el contrato tendría que rescindirse.

Para ganar la licitación del sistema de contabilidad en línea del INE, Scytl suscribió una alianza con Mainbit. Sin embargo, ambas empresas tienen un historial oscuro que puede perjudicar la fiscalización de los partidos en las próximas elecciones del 2015. Scytl ha tenido varios problemas por la falta de calidad de sus productos en diversas partes del mundo. En Noruega se le acusó de que su voto por Internet no garantizaba medidas de seguridad elementales. Por lo tanto, el gobierno noruego ha descontinuado el uso de la plataforma de voto por Internet. El caso más destacado, sin embargo, es el de Ecuador, en el que Scytl fue declarada en marzo del 2014 como empresa incumplida, tras de que se comprometiera a publicar los resultados de la elección nacional en tres días; tardó cuatro semanas. El encargado de ese proyecto fue Osman Loaiza, quien ahora está al frente del sistema de contabilidad en línea contratado por el INE.

El prestigio del INE, en manos de particulares. Además de la fiscalización de los gastos de campaña, el monitoreo de los spots de los partidos y los candidatos será proveído por una empresa. La implementación del nuevo modelo de comunicación política en el 2009 modificó radicalmente las reglas del seguimiento de la propaganda de los partidos y los candidatos. La reforma político-electoral también dejó al INE como único administrador de los tiempos del Estado en radio y televisión, lo que derivó en la instrumentación de un sistema integral conformado por 143 centros de verificación, desplegados en las 32 entidades de la República Mexicana, además de un Centro Nacional de Control y Monitoreo, en el Distrito Federal.

Para la renovación tecnológica de este sistema, participaron nueve proveedores. La ganadora fue Grupo Tecno, quien obtuvo el contrato, por un monto total de 253 millones 940,240 pesos. Aunque el fallo no fue impugnado por el resto de las licitantes, hubo críticas en los medios informativos por anteriores incumplimientos de la firma, dirigida por Mario José Sauza Dones.

Adicionalmente, el monitoreo de los noticieros en radio y televisión durante las precampañas y campañas federales quedó bajo la responsabilidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, según el acuerdo INE/CG270/2014.