Las historias o mitos son esenciales para lograr la cooperación y facilitar la unión entre personas de un mismo grupo o sociedad, como bien resalta el historiador Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. Pero si bien la cooperación sostenida gracias a un mito puede llevar a grandes hazañas, también facilita las malas decisiones. Esto sucede porque los mitos pueden triunfar sobre la verdad y sobre argumentos racionales sustentados en la ciencia o la evidencia.

El Presidente entiende muy bien el valor de los mitos unificadores para mantener su popularidad y el apoyo a sus decisiones a pesar de que algunas de éstas sean contrarias a la evidencia científica, la racionalidad económica, el derecho o que hayan demostrado malos resultados. Tómese como ejemplo la iniciativa de reformas a la industria eléctrica presentada hace días. Numerosos expertos han señalado con argumentos contundentes y bien fundamentados que la iniciativa es anticonstitucional, violatoria del T-MEC y resultará en energía mas cara y contaminante. Sin embargo, el Presidente y sus funcionarios ofrecen pocos argumentos y recurren más bien a mitos y símbolos, quizá para evocar sentimientos favorables en la población y evitar un debate más serio.

La palabra “soberanía” o en este caso “soberanía energética”, forma parte importante del discurso oficial. No sorprende, se trata de un concepto poderoso y que propicia la unión ante enemigos reales o ficticios. La visión de soberanía de la que el gobierno quiere convencernos implica el control directo por parte del estado de la generación y distribución de electricidad a través de una empresa paraestatal. La participación de los particulares en esta industria  sería muy limitada, pues en la historia de caricatura que aprendimos desde la primaria como diría Macario Schettino, la inversión privada (nacional o extranjera) se considera una amenaza a nuestra soberanía.

Muy distinto sería si la visión de soberanía energética se fundamentará en el bien común y no en argumentos patrioteros: garantizar que toda persona en México tenga acceso permanente y continuo a fuentes de energía confiables, baratas, seguras y limpias, que cubran sus necesidades y que amplíen las oportunidades de desarrollo actuales y futuras. En este caso, el énfasis no está en quien es propietario de la empresa de energía, sino en el beneficio para los ciudadanos, la economía y el desarrollo nacional. Así definida, la soberanía energética no necesariamente llevaría a que el gobierno fuera dueño de la empresa eléctrica y que está fuera monopólica o casi monopólica, pero aún en ese caso, cambiarían sus prioridades.

Otro concepto cargado de simbolismo y muy utilizado en el discurso es el de “Rectoría del Estado”. La Secretaria de Gobernación declaró que la rectoría del estado es necesaria para asegurar la continuidad, confiabilidad y estabilidad del servicio eléctrico. Coincido con ella dadas las características e importancia de este servicio. Discrepo, sin embargo, con su conclusión de que sólo a través de la CFE se puede logar. Rectoría no implica que una empresa pública deba ser la única responsable de la generación, transmisión y distribución, sino asegurar que se lleven a cabo de manera eficiente. Tampoco concuerdo con ella en que las energías renovables no permiten garantizar la continuidad en el servicio, cuando la evidencia internacional muestra que esto es perfectamente factible. Partiendo de la definición de soberanía energética enfocada a la disponibilidad del servicio señalada anteriormente, la rectoría del estado no llevaría a privilegiar a la empresa paraestatal si es ello no asegurara cubrir las necesidades energéticas de la población de una manera eficiente y respetando el medio ambiente. Más bien, se avocaría a establecer las reglas, sistemas, controles e incentivos que permitan lograrlo. Para que se de la rectoría del estado no se requiere la propiedad gubernamental sobre las empresas. El estado tiene otros medios a su disposición que pueden ser más efectivos para lograr el mismo propósito incluyendo la política fiscal y la regulación. El recurrir a mitos y símbolos ocurre también en otros ámbitos. Están muy presentes, por ejemplo, en el discurso sobre la atención a la pandemia, quizá buscando contrarrestar las críticas por los resultados desastrosos obtenidos.

Los mitos facilitan la unión y la cooperación. Todos los gobiernos recurren a ellos pero figuran prominentemente en el arsenal discursivo de cierto tipo de liderazgos. El problema surge cuando se usan para justificar malas decisiones que aumentan el poder de los líderes pero dañan a la sociedad, la economía y la democracia.

*El autor es especialista en desarrollo. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @GustavoMerinoJ