Durante muchos años, los demócratas de Venezuela han luchado por rescatar a su país a través de medios pacíficos. Las crisis social y económica de la nación sudamericana son tan profundas, y su dictadura tan obstinada, que de milagro ninguna facción de la oposición ha recurrido a la violencia.

Ésa puede ser la razón del supuesto intento de atentado con dos drones cargados de explosivos hace algunos días. O puede que no. Cualquiera que sea la verdad detrás del aparente intento de asesinato, en el que resultaron heridas siete personas, la consecuencia relevante e inquietante ha sido darle a Maduro un pretexto para reprimir a la oposición de Venezuela.

Responsable de docenas de muertes durante violentas represiones, el régimen de Maduro ha puesto a trabajar horas extra a su policía secreta durante los días posteriores al supuesto atentado. El martes por la noche, hombres enmascarados que se presumen eran agentes de la policía secreta del gobierno capturaron a Juan Requesens, de 29 años, un opositor al régimen que se sienta en la casi paralizada Asamblea Nacional. Además, el gobierno emitió una orden de arresto contra Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, que vive en Bogotá, Colombia.

La administración de Trump continúa condenando los excesos del régimen de Maduro y mantiene las sanciones financieras en su contra, pero hay límites, arraigados en la historia, a cuánto puede o debe intervenir cualquier administración de Estados Unidos.

La esperanza de Venezuela depende de la oposición interna, que debe continuar su resistencia constante a través de medios no violentos, y de los vecinos latinoamericanos, que deben recibir a los que huyen del régimen y encontrar formas nuevas y más efectivas para presionarlo.