Resulta claro que las evaluaciones de riesgo basadas en la ciencia y la inteligencia son cruciales para un liderazgo político efectivo. El Covid-19 nos ha enseñado que demorar la toma de decisiones políticas prudentes resulta en mayores costos marginales en el camino y nos coloca en una trayectoria que fácilmente puede terminar en catástrofe.

Nueva York. El crecimiento exponencial del Covid-19 ya ha ofrecido a la población un curso acelerado de aritmética. También está demostrando ser una prueba acelerada de riesgo sistémico. Si bien es demasiado pronto para el veredicto final, ya resulta evidente que Estados Unidos —no sólo su liderazgo actual— necesitará una revisión importante.

Tomar en serio el riesgo sistémico es la máxima prueba de gobernanza. Quienes la pasan saben cerrar una ciudad o todo un país cuando todavía hay sólo unos pocos casos de un virus sumamente contagioso. Sara Cody, la oficial de Salud Pública del condado de Santa Clara en California, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hicieron precisamente eso frente al Covid-19. Su decisiva gestión del riesgo ha dado excelentes resultados.

También ayuda tener líderes políticos con una experiencia científica, a juzgar por el éxito de Alemania a la hora de gestionar la crisis bajo el mando de la canciller Angela Merkel (con formación de física) o del primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar (físico). Y el hecho de que un porcentaje desproporcionado de las estrategias más efectivas haya sido implementado por gobiernos liderados por mujeres no es, sin duda, pura coincidencia.

Las tasas de mortalidad en jurisdicciones que fueron más lentas en su respuesta, como la ciudad de Nueva York, son mucho más altas. A nivel nacional, en Estados Unidos, la respuesta desastrosa del presidente Donald Trump al Covid-19 también se puede adjudicar directamente a una falla de apreciación del riesgo, empezando por la decisión de la administración Trump, en el 2018, de desmantelar el equipo de respuesta ante pandemias del Consejo Nacional de Seguridad. Ahora resulta absolutamente claro que las evaluaciones de riesgo basadas en la ciencia y la inteligencia son cruciales para un liderazgo político efectivo. Trump suele subordinar ambas a su instinto visceral.

Estados Unidos, por supuesto, no tiene el monopolio del liderazgo incompetente, y hasta los líderes individuales efectivos no pueden con todo. Los sistemas también importan.

Estados Unidos hace mucho que dice ser una de las economías más dinámicas del mundo, debido a su énfasis en la flexibilidad y la eficiencia. Pero, como ha referido el economista y premio Nobel Joseph E. Stiglitz, en tiempos de crisis la falta de “amortiguadores” implícita en el dinamismo al estilo estadounidense se vuelve dolorosamente evidente, para no hablar de la desigualdad endémica.

Después de que la pandemia del Covid-19 haya pasado, Estados Unidos y muchos otros países necesitarán fortificar sus defensas contra un amplio rango de riesgos hasta ahora subvalorados. Tendrán que empezar por fomentar las capacidades de respuesta nacional y multilateral ante epidemias, sobre todo incrementando la inversión en los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias e instituciones relevantes.

Pero las pandemias mortales representan apenas una de muchas amenazas posibles que asoman en el horizonte. Otras potenciales amenazas “de las grandes” incluyen: un ciberataque generalizado; una tormenta solar de la magnitud del evento Carrington de 1859 (que arrasó con la infraestructura de comunicaciones terrestres); un terremoto gigantesco, por ejemplo, en Tokio o en la zona noroeste del Pacífico, en Estados Unidos- o cualquier otro desastre como resultado del cambio climático.

Cuando pensamos en el riesgo, las probabilidades importan tanto como el impacto potencial. Poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el entonces vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, diseñó lo que luego se conocería como la “doctrina de 1%”, según la cual “si hay una posibilidad de 1% de que científicos paquistaníes estén ayudando a Al-Qaeda a construir o desarrollar un arma nuclear, tenemos que tratarla como una certeza en términos de nuestra respuesta”. Si bien Cheney ignoraba las probabilidades y le interesaba principalmente el teatro político, su declaración se asemeja bastante a lo que los gobiernos deberían estar pensando en materia de riesgo sistémico.

En Estados Unidos, el gobierno ya asume este rol para algunos riesgos: dos ejemplos son la Reserva Estratégica de Petróleo y la Reserva Estratégica Nacional de equipamientos médicos. Pero la mera creación de estas instituciones no es suficiente; también tienen que ser gestionadas de manera competente, como demuestran las deficiencias de las reservas de equipamiento médico en la crisis actual.

Asimismo, el gobierno tiene la obligación de exigir que el sector privado mantenga redundancias para ofrecer resiliencia contra el riesgo sistémico. Los bancos son objeto de requerimientos mínimos de reservas por una buena razón. (Sin embargo, aquí también hay espacio para mejorar. Las autoridades finalmente deberían tomar en cuenta las lecciones del colapso de la gestión del capital de largo plazo en 1998 y prohibir a los bancos desviar los riesgos de sus propios balances a los de los fondos de cobertura y otros).

Una verdadera reforma de la gestión del riesgo deber ir inclusive más allá. Por empezar, Estados Unidos y otros gobiernos en todo el mundo necesitan dejar de socializar los riesgos sin también socializar los retornos. No debería haber rescates corporativos sin una participación del capital público; habría que terminar primero con los acreedores privados.

Pocos culparon a Warren Buffett por negociar términos favorables para invertir miles de millones de dólares en Goldman Sachs y Bank of America después de la crisis del 2008. El gobierno, que opera en nombre del pueblo, debería ser el inversor más sofisticado de todos.

Finalmente, como asegurador e inversor de último recurso, es enteramente apropiado que el gobierno lidere una reorganización temporaria, pero radical, de la economía cuando las circunstancias lo requieran. Ya sea en respuesta a una pandemia o a una crisis más lenta como el cambio climático, el gobierno debe valorar el riesgo de forma generalizada y garantizar que los sistemas financiero, energético, sanitario y de transporte funcionen en favor de prioridades sociales más amplias.

A pesar de ser eminentemente previsible, el Covid-19 ha sorprendido a casi todos, exponiendo nuestra falta de preparación. Con otras catástrofes previsibles en camino, no hay ninguna excusa para posponer la generación de resiliencia. Darle al riesgo sistémico su debida atención inevitablemente provocará un aplazamiento. La resiliencia implica redundancia, que suele percibirse como lo opuesto a la eficiencia. Pero eso es válido sólo si se adopta un horizonte de tiempo limitado o directamente se ignoran los costos externos. Los gobiernos no deberían hacer ninguna de las dos cosas.

Si el Covid-19 nos ha enseñado algo, es que demorar una toma de decisiones políticas prudentes no sólo resultará en mayores costos marginales en el camino. Más bien, nos coloca en una trayectoria enteramente diferente, una trayectoria que fácilmente puede terminar en una catástrofe.

El autor

Gernot Wagner enseña Economía Climática en la Universidad de Nueva York. Es coautor, junto con Martin Weitzman, de Climate shock: the economic consequences of a hotter planet.