Todos los empleos importan. Quizás nunca hayamos sido tan conscientes de esto como ante la crisis actual. Pero, como el contexto internacional demuestra, solo los más insensibles a la discriminación pueden argumentar en genérico sabiendo que distraen la atención de abusos flagrantes que una minoría enfrenta.

Este es el lamentable caso de unos 200,000 empleos gubernamentales en energía. Suena contraintuitivo en el contexto del sector que contiene a las empresas favoritas del gobierno, que a nivel de organización e inversión no son discriminadas sino indebidamente favorecidas. ¿Alguien duda, a estas alturas, que Pemex y CFE son tan favoritas del gobierno mexicano que les solapan iniciativas, legislaciones y prácticas anticompetitivas que les permitan desplazar a su competencia? ¿A alguien le queda la menor duda que la industria donde el presidente cree que hay mayor ventaja del control gubernamental es la energética?

Pero, como dicen los economistas, un gran problema de las preferencias es que no son perfectamente transitivas. Desde el principio del sexenio los empleados de gobierno, aún en organizaciones predilectas, han sido ninguneados, criticados, aislados, limitados y des-empoderados. Hasta en Pemex y CFE se les ha pedido recortar sus sueldos, ampliar sus jornadas de trabajo, renunciar a seguros de gastos médicos, alinear su perspectiva política a la de sus jefes y en algunos casos mudarse de ciudad para cumplir con el objetivo de ‘descentralización’ del poder ejecutivo federal. ¿Habría tolerado el gobierno de algún patrón en la iniciativa privada un non-compete equivalente a la cláusula de 10 años para funcionarios? ¿Se hubiera quedado callado ante recortes arbitrarios, intimidación política o eliminación de derechos adquiridos de cualquier empleado de empresa privada?

La disonancia ha empeorado con la pandemia. Si cualquier empresa corre o suspende a sus empleados, de acuerdo con el propio discurso oficial, es hostigada por el gobierno. Es un tipo de ‘protección’ que simplemente no ha existido para los miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo en la región norte de CFE ni para los miles empleados de Pemex a los que recientemente les pidieron que renunciaran al 25 por ciento de su sueldo. No aplica ni para cuidar su salud. ¿Se imaginan el discurso de López Obrador, López-Gatell o Alcalde si a una empresa se le hubieran contagiado, aparentemente por su exposición en el lugar de trabajo, miles de empleados? Estos mortales ritmos de contagio, reconocidos y documentados dentro de la comunidad Pemex, ni siquiera se han mencionado.

Sería absurdo ignorar que, en el gobierno, históricamente ha habido mucho empleo injustificado. Sigue habiendo desde aviadores hasta abusivos. Es algo que se debe corregir y replantear. Pero eso no puede impedir que se reconozca un enorme problema de discriminación. La naturaleza del patrón no puede suspender, para ningún trabajador, ningún derecho ni consideración. Es inexplicable que cualquiera pierda al gobierno como su aliado sólo por ser su empleado.

Si este patrón no se detiene solamente por constituir un terrible abuso, espero que se considere también como una enorme contradicción.  Con el tiempo, es imposible que un gobierno sostenga que sus agencias y empresas son de primera si trata a todos sus empleados como si fueran de quinta. ¿Cómo se puede argumentar que activos energéticos, constitucionalmente estratégicos, deben estar reservados para ser supervisados por funcionarios y operados trabajadores mal compensados, mal cuidados, maltratados y ninguneados? Los empleos de gobierno importan por el simple hecho de ser empleos. Pero, por ser de gobierno, su significado va aún más allá.

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell