Las contrarreformas pueden camuflarse de múltiples maneras. En el caso de la ley reglamentaria de los mecanismos de participación ciudadana plebiscito, referéndum e iniciativa popular , la Cámara de Diputados remitió al Senado de la República una minuta que en vez de regular la consulta popular claramente trata de impedirla , denunció Manuel Camacho Solís.

A nombre de la bancada perredista, el legislador capitalino presentó una moción suspensiva que busca evitar que la Cámara Alta dictamine y resuelva sobre la Ley de Participación Ciudadana. Una paradoja, pues justo las dilaciones en la resolución de este tema llevaron al partido que preside Jesús Zambrano a separarse del Pacto por México.

Y en lo que parecería otro contrasentido, la mayoría priísta ha accedido a acelerar su aprobación. Resulta, sin embargo, que la minuta generada en San Lázaro expresamente prohíbe que la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales sea sometida a consulta popular. De aprobarse en sus términos en el Senado, no quedaría resquicio alguno ni siquiera la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar una pregunta sobre la reforma energética a las urnas en el 2015.

Quieren ser más papistas que el Papa y pretenden proteger los intereses del Ejecutivo más allá de su voluntad y de los propios intereses de la Presidencia , resumió Camacho Solís, enterado de que los priístas con Emilio Gamboa y David Penchyna al frente han jurado que morirán en la raya para mantener excluida esa materia de los caprichos perredistas.

Ya fuera un plebiscito o un referéndum de acuerdo al nuevo artículo 35 constitucional tendría que realizarse el mismo día que las elecciones federales. La validación de los requisitos formales de procedencia, así como la organización, el cómputo y la declaración de resultados, serían atribuciones del nuevo Instituto Nacional de Elecciones.

Los temas consultables necesitarían estar incluidos en una convocatoria que debería ser expedida por el Congreso de la Unión en el escenario del 2015 dos meses antes del inicio de las precampañas de los aspirantes de los partidos políticos. El desarrollo de estos procesos obligaría a definir un modelo de comunicación política, así como el uso de los tiempos del Estado, tanto para la promoción de la participación ciudadana como para informar sobre el contenido de la consulta.

El día de las votaciones, habría una urna especial en los centros de votación para la consulta; también un secretario y un escrutador más en la mesa directiva de las casillas, quienes en paralelo al cómputo de los votos de las elecciones federales (y locales, donde sean concurrentes) harían su tarea.

Los cómputos distritales de la consulta se llevarán a cabo una vez concluidos los cómputos de las elecciones federales y, en su caso, los correspondientes a las locales, conforme lo acuerde el Consejo General. Los criterios para proceder al recuento de total de votos o parcial serían los mismos que en el caso de las votaciones generales. Es decir, la validez o nulidad de un voto de la consulta se regirá por los mismos criterios establecidos para el voto en las elecciones federales y estatales. En la consulta popular podrá participar todo ciudadano sin importar en dónde se encuentre el día de la jornada electoral, por lo que deberán tomarse las previsiones necesarias en casillas especiales y en su caso para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿RECORTE? Los cuatro comisionados del IFAI han sido citados por el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, Pablo Escudero, a sustentar el próximo lunes 24 de viva voz y ante los legisladores los argumentos que justificarían su integración al nuevo órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. A partir de eso, quedarán cuatro días para que la Cámara Alta defina sobre su permanencia.

¿IMPARCIALES? El cuotismo imperó en la designación de los representantes de la Cámara de Diputados que formarán parte del Comité Técnico que evaluará a los aspirantes al consejo general del nuevo Instituto Nacional de Elecciones. La mayoría priísta colocó al magistrado Jorge Moreno Collado quien el año pasado concursó por una de las vacantes en el IFE , mientras que el PAN llamó al ex gobernador interino de Baja California, Alejandro González Alcocer, y el PRD atendió la recomendación de José Woldenberg y propuso a Ricardo Becerra Laguna. Los representantes de la CNDH son José Antonio Lozano Díez, director del Departamento de Derecho en la Universidad Panamericana, y Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. En tanto que el IFAI mandó al ex rector de la UDLA y actual director ejecutivo del CEEY, Enrique Cárdenas Sánchez, y a la profesora del Colmex Soledad Loaeza Tovar. Los politólogos y los expertos en derecho electoral quedaron fuera de este organismo.