Opinión

Lectura 1:00 min

Los dos frentes del gobierno

Avatar de Bruno Donatello

Por Bruno Donatello

Las organizaciones empresariales han decidido protestar por los bloqueos de la CNTE y el caso puede convertirse en un verdadero parteaguas en la historia política y jurídica del país.

E n su enfrentamiento con la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) en razón de la aplicación de la reforma educativa, el gobierno federal optó por privilegiar la paz social en detrimento de la aplicación de la ley . Lo que nunca se esperaron las autoridades es que esa elección de la vía negociadora no llevaría a la CNTE a quitar los bloqueos.

Aunque el enfrentamiento ha sido entre gobierno y CNTE, también ha habido terceros afectados. Como se dice en economía, el conflicto ha tenido externalidades. Los perjudicados por las marchas, bloqueos y paros han sido muchos: ciudadanos en general, los artesanos de Oaxaca, los habitantes de las zonas más aisladas y un gran número de unidades productivas tanto del sector turístico como de otras actividades.

Todos estos grupos afectados han padecido por los bloqueos y aún más: han resentido grandes pérdidas materiales. Así, ante el estancamiento del conflicto y también la debilidad de respuesta de las autoridades han decidido también protestar y quejarse. La protesta más coherente y organizada ha resultado la de los empresarios por una razón: cuentan desde hace tiempo con organizaciones cúpula que los aglutinan y representan.

Lo más sobresaliente es la forma en que han decidido protestar las organizaciones empresariales. Por un lado, el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas anunció que van a realizar paros técnicos de labores debidamente reportados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con menos imaginación, la Concanaco Servytur presentará denuncia legal contra la CNTE para que resarza los daños causados. Pero el caso más interesante es el de la Coparmex, que vale la pena destacar por su perfil legal. Esa organización presentó un amparo ante los tribunales competentes contra el propio presidente del República, los integrantes de su gabinete de seguridad y los gobernadores de las entidades donde se han dado los bloqueos en razón de su omisión para impedir actos violentos violatorios de los derechos humanos.

El caso puede convertirse en un verdadero parteaguas en la historia política y jurídica del país. Primeramente, pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial, pues la denuncia llegará necesariamente hasta la Suprema Corte. Y de ahí también necesariamente tendrá que darse un veredicto jurídico sobre la legalidad de los bloqueos. En lo personal yo pienso que son ilegales y que en términos de Estado de Derecho las autoridades no tienen opción entre permitirlos o quitarlos.

Conéctate con nosotros.

Recibe nuestro newsletter diario con los contenidos destacados.

Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad.