El México del siglo XXI  institucional, es resultado de un complejo proceso.  La solución posible y, en una medida, deseable de acomodar intereses, actores e instituciones. Hacer viable la vida pública y el desarrollo de la economía y la vida social. Un gran logro, si se ve con detenimiento y con detalle. Es decir, más allá de los discursos y los nombres que parecen decir mucho y se quedan vacíos. Los Órganos Constitucionales Autónomos son un logro que permite que nuestra vida pública no este dominada por el voluntarismo político de un grupo o, peor, de una persona, sino por la decisión razonada y técnicamente responsable de profesionales dedicados al tema para el que fueron creadas dichas instituciones.

Lo más importante, sin embargo, es qué en la conformación de los Órganos Constitucionales Autónomos, México muestra su modernidad y su voluntad por institucionalizar su vida pública. Esta construcción preponderantemente institucional, perfila a nuestro país para su transformación en un Estado moderno. Y, sobre todo, otorga confianza a inversiones de otros países y nos obliga a ser responsables con los tratados internacionales que hemos firmado. Motivo por el cual nuestros órganos autónomos, no podrían desaparecer, pues son parte de los compromisos internacionales que tenemos firmados.

Al presidente de México, dichos órganos le estorban, por distintas razones. La primera es que son una burocracia que el no nombró y está empeñado en reconformar una burocracia nacional que le sea comoda. Son, en su visión, un grupo de personas que al no serle leal, están en contra de la 4T. Seguidamente le estorban porque se atraviesan con su voluntarismo político y con su visión personal respecto de los temas que tienen a su cargo regular dichas instituciones.

En tercer lugar, le parecen caras y presupuestalmente contrarias a la necesidad de alimentar a sus clientelas políticas que camino a la elección de junio, necesitan de la dadiva del gobierno para mantenerse leales al proyecto de la 4T.

Por último, le resultan incomodas por ser contestatarias, con argumentos a su proyecto. Y, como el propio presidente ha dicho, o se está con la 4T o se está en contra, basta de hipocresías.

La mala noticia para el presidente, es que estas instituciones, no sólo hacerlas desaparecer obligaría en la mayoría de los casos a un reforma constitucional para lo cual no tiene los votos suficientes en el Senado, pero más importante aún, estamos obligados a conservarlas para poder honrar nuestros tratados internacionales.

El presidente tiene limites y, sin duda, la obligación de hacer cumplir la ley. Por más que vocifere, ni tiene libertad de expresión, ni tiene un proyecto que pueda pasar por alto sus responsabilidades constitucionales e internacionales, lastima Margarito.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

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