A la larga, una política de esta naturaleza reduciría los costos a las instituciones financieras y a la propia Comisión.

Con ello, déjenme decirles, se estará obligando a todas las entidades del sector público a que al emitir una nueva regulación que implique costos para los particulares, también se comprometa a desaparecer dos existentes: por una nueva, dos menos regulaciones o dos menores obligaciones que deban de cumplir . Enrique Peña Nieto.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) seguramente tendrá que responder al llamado del presidente. No sólo eso. En enero del 2016 se publicó el decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios. No hay signos evidentes de un proceso de disminuir la carga regulatoria. La CNBV deberá formar especialistas en desregular, pues a la fecha se han esmerado en lanzar nuevas regulaciones. La dinámica inercial es regular, regular, regular.

Es cierto que desregular no es un trabajo sencillo. Se necesita voluntad política y romper la inercia actual. Es más fácil añadir restricciones que quitarlas; aumentar nuevas obligaciones que reducirlas; solicitar nuevos reportes que disminuirlos; imponer nuevas auditorías que recortarlas; exigir dar cuenta a varias instituciones (CNBV, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Fondo de Protección de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Círculo de Crédito, Servicio de Administración Tributaria) en lugar de una instancia concentradora... A la larga, una política de esta naturaleza reduciría los costos a las instituciones financieras y a la propia CNBV. Ahora bien, cuáles reglas, procesos, reportes van a desparecer para cumplir aquello de por uno nuevo, dos menos . Decisión difícil pero ineludible. Exigirá distinguir entre importante y relevante, y secundario y de poco peso.

Un aspecto fundamental en esta simplificación regulatoria será distinguir entre los sujetos obligados y ponderar de forma diferenciada los riesgos que las instituciones corren. No es lo mismo el riesgo de casas de bolsas, con cientos de cuentas con saldos superiores a varios millones de pesos, que cooperativas locales con saldos promedios inferiores a los 10,000 pesos. Por esto mismo, el artículo sexto del decreto arriba mencionado recalca la necesidad de que se lleven a cabo consultas con los sectores involucrados, condición para una mejora regulatoria consensada, sólida y capaz de generar corresponsabilidad.

A pesar de que hay procesos más automatizados, la carga regulatoria no disminuye de por sí. Avanzar en una disminución de la carga regulatoria exigirá trabajar con el sector cooperativo para buscar conjuntamente las mejores prácticas que fortalezcan a las cooperativas, que tengan por delante a sus socios y que contribuyan a avanzar en la inclusión financiera.

No hay que olvidar que aunque el sector cooperativo sólo representa 0.97% de los activos del sector financiero, atienda a casi 20% de la población económicamente activa, cerca de 10 millones de mexicanos, ahogar a las cooperativas con una regulación costosa y desproporcionada corre el riesgo de excluir de servicios financieros básicos a importantes sectores pobres y excluidos que sólo las cooperativas atienden.

Un primer paso sería convocar a los organismos integradores (Bancos, Cooperativas, Sociedades Financieras Populares, etcétera) a proponer 10 modificaciones a la regulación por su irrelevancia y costo.

¿Veremos pronto a una CNBV seriamente alineada con este compromiso presidencial?