El día de hoy la Cámara de Diputados intentará de nuevo aprobar la desaparición de 109 fideicomisos públicos, creados para realizar una diversidad de fines que van desde la atención a desastres naturales, la promoción de la ciencia y la tecnología y la producción cinematográfica, hasta la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. El dictamen de la Comisión de Presupuesto se turnó al pleno la semana pasada, pero la falta de consenso impidió que se reuniera el quorum para sesionar.

La aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados parece inminente. El presidente López Obrador ha insistido en su deseo de “barrer” los recursos de los fideicomisos y concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Ha prometido que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación se asignarán recursos suficientes para realizar los fines que se les confiaron.

Sin embargo, la extinción de los fideicomisos públicos dejaría al gobierno federal sin la capacidad de dotar recursos de manera adecuada y oportuna a programas clave para el Estado mexicano. Dejarlos sujetos a la disponibilidad presupuestal anual, como lo propone el presidente, afectaría su continuidad, mermaría la capacidad de hacer frente a contingencias financieras y limitaría la posibilidad de recibir aportaciones complementarias de otros sectores de la sociedad.

Los fideicomisos públicos son como “provisiones”: activos que un ente gubernamental (fideicomitente) aparta para hacer frente a necesidades futuras. Se confía su administración a una entidad financiera (fiduciario) reconocida y regulada. Los recursos sólo pueden destinarse a los fines para los cuales fue creado el fideicomiso. Los beneficiarios (fideicomisarios) están designados en su constitución.

Además, los recursos de los fideicomisos se gestionan bajo la dirección de un Comité Técnico, integrado por las instituciones aportantes junto con otras interesadas en su operación. El manejo financiero es auditable, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación.

Los fideicomisos públicos son un complemento necesario del presupuesto anual de la federación. En primer lugar, constituyen un vehículo para hacer frente a necesidades financieras contingentes, que por definición son impredecibles, como los desastres naturales.

En segundo lugar, los proyectos de inversión de largo plazo, como las obras de infraestructura en las grandes urbes, requieren de continuidad en su gestión financiera. Si quedan sujetos a la rigidez de las reglas del presupuesto anual, como el principio de anualidad, no sólo se generará incertidumbre, además, incrementa los costos de ejecución.

En tercer lugar, la figura del fideicomiso público sirve para recibir las contribuciones de otras instituciones o personas interesadas en la realización de los mismos fines específicos, así como para promover la autogeneración de recursos por parte de dependencias y entidades. Tal es el caso de los fideicomisos de los centros Conacyt, cuyos recursos provienen de fuentes distintas al gobierno federal.

Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la extinción de los 109 fideicomisos le permitiría al gobierno federal disponer de 36,058 mdp en el 2020. Esta cantidad representa medio punto porcentual del gasto federal, por lo que su aportación a las finanzas públicas sería marginal y pasajera. Sin embargo, el daño que generaría a las instituciones del Estado y las comunidades afectadas sería significativo e irreparable. Si en la Cámara de Diputados impera la razón y no la consigna política, el dictamen que hoy se vota debería regresar a comisiones para estudiar cómo mejorar los fideicomisos, en vez de destruirlos.

*El autor es profesor del CIDE.

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.