Sin duda, las malas decisiones tomadas por el gobierno federal sobre el proyecto de mayor envergadura energética continúan sorprendiéndome y decepcionándome. Adjudicar un contrato de estas dimensiones a través de una invitación restringida y no por una licitación pública no sólo va en contra de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sino que, además, es mucho más costoso, menos eficiente y merma la competitividad económica.

En primer lugar, supuestamente eligieron a las cuatro mejores empresas del mundo para participar en este proceso restringido; esto, después de haber recibido decenas de solicitudes e incluso después de haber solicitado referencias a quienes las habían contratado, según explicaron diversos medios de comunicación. Sin embargo, un par de horas después, los mismos medios revelaron que estos consorcios ya habían estado ligados a casos de corrupción en el sector energético. Aunque parezca increíble, la contestación que dio la secretaria Nahle es que nadie en la industria energética se escapa de corrupción; esto, en lugar de reconocer que el mecanismo que inhibe este tipo de prácticas es precisamente una licitación pública y transparente.

El artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece las hipótesis legales para exentar a Pemex, o sus subsidiarias, de la obligación de llevar a cabo un concurso abierto, desafortunadamente, ninguno de los supuestos enmarcados en ley parece encajar con las razones expuestas por los funcionarios. Por tanto, tendríamos que tener a la vista el dictamen de excepción, para poder así entender las razones de seguridad nacional, de fuerza mayor o de falta de alternativas en el mercado que los llevaron a tomar esta delicada decisión.

Otro punto que tampoco se ha dado a conocer, es si la Secretaria Nahle se apegó al Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas vigente, mismo que obliga a los funcionarios involucrados en autorizar y dictaminar obras públicas de más de 400 millones de pesos a seguir un estricto procedimiento de actuación para evitar cualquier conflicto de interés, como la videograbación y el registro en minutas de trabajo de cada una de las reuniones realizadas con estos futuros prospectos. Adicionalmente, la administración ha anunciado que el contenido nacional será 50% del costo del proyecto; sin embargo, lo que en verdad deberíamos saber es cuánto de este porcentaje será de “contenido local”, especialmente porque, justo, fue la crítica situación económica de Tabasco una de las razones fundamentales por la cuales se tomó la decisión de construir esta refinería. Lamentablemente, expertos me han señalado que esta cifra no superará los 5,000 millones de pesos, es decir, sólo 10% del valor del proyecto podrá asignarse a contratistas locales.

Como podemos observar, las decisiones tomadas son equivocadas y van en contra de las recomendaciones internacionales. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la OCDE, por ejemplo, han establecido que la competencia efectiva sólo puede mejorar si existe un número suficiente de licitadores con credibilidad y si los funcionarios a cargo de la licitación no limitan injustificadamente la competencia, algo que, como expliqué anteriormente, ya está sucediendo.

Es irrefutable que el proyecto de la refinería representa la única oportunidad real para la reactivación económica de Tabasco, no obstante, la falta de argumentos técnicos y transparencia pone en riesgo la posibilidad de realizarlo. Ante una decisión sin fundamentos, la única opción que tenemos es exigir transparencia y que haya beneficios tangibles para mis paisanos; por ello, como economista, pero especialmente como tabasqueña, hago un exhorto a las autoridades para que el discurso de un ataque frontal a la corrupción y opacidad no sea sólo demagogia, sino una realidad.

SorayaPérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.