El diputado perredista Francisco Hernández Juárez presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para que todo el país tenga cobertura de Internet.

Propuso la creación de la ley de redes, sistemas, contenidos y servicios digitales en banda ancha para dar paso firme en el uso intensivo de la banda ancha como instrumento para impulsar un desarrollo sustentable, cerrar la brecha digital y ampliar los servicios de educación y de salud.

Se trata de la iniciativa de ley de redes, sistemas, contenidos y servicios digitales en banda ancha, en la que el también dirigente sindical advierte que el impulso logrado con la privatización de Telmex se ha frenado, ante la ausencia gubernamental en las telecomunicaciones y la aprobación de la Ley Federal de Competencia.

Refiere que México está pasmado frente a los avances de otras economías que no han bajado su ritmo de cambio y avanzan en la creación de un nuevo paradigma productivo y social a partir del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en convergencia digital y en banda ancha.

Red de conectividad, ¿expropiatoria?

Presentada así, la verdad es que la iniciativa suena muy atractiva.

Sin embargo, en los detalles está el Diablo, dice el dicho. Y una revisión simple parece confirmarlo. En las letras chiquitas se registra un sesgo muy favorable al operador más importante del mercado.

Para empezar hay que destacar que, según los expertos, la iniciativa de ley tiene tintes expropiatorios que se pueden detectar cuando define la Estrategia Nacional de Conectividad que incluye a todas las redes públicas de telecomunicaciones concesionadas a particulares, tanto para la infraestructura de transmisión como los equipos que procesan el tráfico y los servicios de las redes.

Acceso gratuito a contenidos

Además, la iniciativa de ley pretende dar el mismo trato a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a los de radiodifusión.

También propone que los concesionarios de redes de comunicaciones electrónicas tengan derecho, sin limitación alguna, de prestar cualquier servicio de comunicación electrónica que permita la capacidad y tecnología instalada en su red.

Obliga a permitir acceso gratuito a los programas difundidos a través de las radiodifusoras, que en los hechos sería un must offer disfrazado y sin pago de derechos.

Secretaría digital, supeditada a Segob

La iniciativa de ley propone la creación de la Secretaría de Información y Comunicación Digital y le adjudica facultades para resolver conflictos entre concesionarios, incluyendo interconexión.

La faculta para otorgar concesiones de redes de telecomunicaciones previo opinión de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un solo artículo y con una simple oración, la iniciativa desregula todo lo que se transmita por Internet y elimina cualquier restricción que se haya impuesto a los títulos de concesión vigentes para evitar acciones monopólicas y discriminatorias.

En su artículo 61 propone que el Estado garantice el libre acceso a Internet y se abstendrá de regularla.

Y cuando se refiere a la banda ancha lo hace de tal manera que evita perjudicar los intereses de la empresa dominante. No más, pero no menos.

Hay que recordar que el actual legislador perredista Francisco Hernández Juárez encabezó el sindicato de telefonistas por casi siete lustros y fue el promotor de la privatización de la compañía telefónica y, aunque él lo rechaza, prácticamente todos coinciden en que sigue siendo el líder moral de los telefonistas.

La iniciativa del perredista aparentemente aboga por la eliminación de la brecha digital, pero implica la afectación de la totalidad de los operadores, salvo al más importante del mercado, al que por el contrario le reserva enormes beneficios. Eso es lo que dicen los expertos.

Twitter: @marco_mares