En toda democracia con Estado de Derecho, las sanciones ante el incumplimiento de la ley están volcadas a desincentivar la comisión de irregularidades. En un país sin cultura jurídica, el régimen sancionador se convierte en el aliciente perfecto para ir en busca de recovecos legales, maquinar trampas y dispensar responsabilidades.

Cerca de cumplir sus primeros 15 años en su formato actual, el régimen sancionador electoral no ha logrado detener las constantes infracciones partidistas que dañan profundamente nuestro tejido democrático, las cuales siguen campeando con la desfachatez “democrática” que les otorga la confirmación de que ningún partido político se libra de ellas.

Los hacedores de esta legislación, probablemente conscientes del efecto perverso que se generaría, tuvieron al menos el decoro de señalar que los recursos obtenidos por estas sanciones se destinarían al Conacyt, cuando fueren impuestas y/o ratificadas por el INE-TEPJF, y a los correspondientes organismos estatales cuando hubieran sido aprobadas por las autoridades electorales locales.

De esta manera, las multas por más de 1,203 millones de pesos con las que el INE acaba de sancionar a los partidos, de ser confirmadas pasarán directamente al fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y lo mismo ocurrirá en el contexto de las entidades federativas.

Esta derivación de los dineros es muy pertinente, pues la insuficiencia de recursos fiscales y la austeridad republicana que permea en todos los ámbitos de la administración obliga a encontrar fórmulas para mantener o acrecentar los presupuestos para el financiamiento de los centros o institutos de investigación, y para dotar a las universidades e instituciones de educación superior de los recursos necesarios para que puedan interesar a los jóvenes en estas vocaciones, coadyuvando así a la formación de perfiles académicos especializados y, por derivación, auspiciar la necesaria renovación generacional en este ámbito.

La realidad es que ni siquiera esta inyección de recursos sería suficiente para garantizar que el presupuesto anual consolidado para la ciencia llegué al uno por ciento del PIB, tal y como ya se estipula en la Ley General de Educación recientemente aprobada. Esto nos obliga a pensar en la posibilidad de emplear otras fuentes de financiamiento para la ciencia, sobre todo ahora que nos ha quedado claro que quienes crearon las vacunas que hoy están salvando miles de millones de vidas en todo el mundo fueron las y los científicos de los más prestigiados centros de investigación.

Acaso por ello, ahora que inicia la nueva legislatura sería muy conveniente armonizar las leyes respectivas y prever, en el contexto de la aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que los recursos derivados del bloqueo de cuentas por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción se destinen directamente al fortalecimiento de nuestra soberanía científica en estas vertientes.

Para nadie es desconocido que existe un alto número de cuentas bancarias bloqueadas y de recursos inmovilizados, sin que nadie concurra a reclamarlos porque presumiblemente derivan de actividades ilícitas. Solo durante el 2020, según información dada a conocer por Santiago Nieto, titular de la UIF, se congelaron poco más de 20,000 cuentas bancarias, con montos que superaron los 2,000 millones de pesos, y los 290 millones de dólares, muchos de los cuales provienen directamente del narcotráfico.

Tomar el control de ese ascendente volumen de recursos implicaría auténticamente un ejercicio para devolverle al pueblo lo robado, pues permitiría dotar de mayores recursos al ramo 33 en beneficio de las entidades federativas, sus municipios y alcaldías; ampliar el número de becas nacionales y apoyar decididamente la internacionalización de los becarios de posgrado que quieran formarse en el extranjero; concurrir a la creación de fondos de investigación conjuntos, con aportaciones de los dos niveles de gobierno; fomentar las asociaciones estratégicas con el sector privado y el sector social para promover mayor inversión, y para que el conocimiento científico se oriente hacía mejores aplicaciones prácticas; respaldar la proyección internacional de los productos y resultados de la ciencia y la tecnología mexicanas, e impulsar la proyección de las publicaciones nacionales allende nuestras fronteras.

No tengo duda de que estamos ante uno de los mecanismos que permitirá al Estado mexicano aprovechar legítimamente esos recursos, enviándolos a una causa relevante y prioritaria para el desarrollo de nuestro país. Legislar en este sentido sería una forma de lavarle la cara al dinero sucio proveniente tanto del pésimo comportamiento de los partidos como de las más detestables acciones del crimen organizado. Es una posibilidad, analicémosla. El Congreso tendrá la última palabra.