Pocas veces puede encontrarse tanta demagogia en un solo mamotreto como la que ofrece la lectura de la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero pasado.

La Ley comienza por reconocer la insuficiencia del Estado mexicano para cumplir la función básica de cualquier Estado, que es la de otorgar seguridad a sus habitantes. Lo hace no bajo el supuesto de que –por vía de excepción- la ciudadanía es objeto de la violación de sus derechos por parte de otros civiles o de autoridades y de que el Estado debe resarcir los daños provocados por su indebida actuación, sino sobre la base de imputar a la administración saliente la única y absoluta responsabilidad sobre el deceso de miles de mexicanos.

Lo hace no bajo la lógica de remediar la terrible situación de inseguridad que vive el país –en la que nadie niega la parte de la responsabilidad gubernamental en el diseño de la estrategia y su débil implementación-, sino bajo la de pedir perdón; disculpa que se acepta y materializa en la publicación del Diario Oficial del 9 de enero.

Las deficiencias técnicas de sus 189 artículos son variadas y han sido expuestas con jurídica precisión por ?Miguel Alessio Robles, abogado de la Presidencia hasta el pasado noviembre del 2012. La ley, además de ser ambigua, desordenada y repetitiva, habrá de ser muy costosa para quienes normalmente resultan ser las verdaderas víctimas de las ocurrencias demagógicas del Congreso de la Unión: los contribuyentes.

Entre otros mandatos –que más bien parecen mandamientos-, la Ley obliga a los tres niveles de gobierno a la reparación integral en favor de las víctimas (y de su núcleo familiar) mediante el resarcimiento económico de los daños y perjuicios (morales y materiales) producto de la negligencia estatal, así como a proveerles, adicionalmente, de una serie de satisfactores que van desde libros de texto gratuitos, gastos funerarios, servicios educativos, médicos y psicológicos, gastos de transportación, alimentación hasta alojamiento por tiempo indefinido.

Esta reparación económica –que puede ser individual o colectiva (incluyendo comunidades y organizaciones sociales)- comprende no sólo los casos de violencia o arbitrariedades del Estado, sino los casos de particulares que cometieron algún ilícito en contra de las víctimas.

Para que todo este mecanismo funcione, resulta imprescindible generar un inmenso aparato burocrático denominado Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), integrado por todo tipo de autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno y organismos públicos y privados afines al tema.

El SNAV operará a través de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), conformada por nueve comisionados. Este órgano tendrá adscrito, siete comités (violencia familiar, violencia sexual, trata y tráfico de personas, personas desaparecidas, víctimas de homicidio, tortura y detención arbitraria). Adicionalmente crearán un registro nacional de víctimas y la asesoría jurídica federal de atención a víctimas, que contará con diversos asesores, peritos y expertos.

Todas estas instancias tendrán a los directores generales, directores, subdirectores, jefes de oficina y personal administrativo que resulten necesarios.

Las entidades federativas deberán replicar algunas de estas figuras a nivel local y generar partidas presupuestales para el cumplimiento de esta ley, incluyendo la construcción y operación de refugios para víctimas.

Los recursos que asigne el Presupuesto de Egresos deberán administrarse por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual se constituirá como fideicomiso público y otorgará los recursos a las víctimas que se encuentren inscritas en el registro nacional y cuenten con su carnet de víctimas.

El monto al que accederán las víctimas será el que resuelvan las sentencias de los tribunales correspondientes y, en su defecto, el que fije la CEAV. Cuando el responsable no cubra la reparación económica, la CEAV responderá subsidiariamente hasta por un monto de 500 salarios mínimos mensuales (971,400 pesos).

Resulta muy complejo calcular cuánto costará -en promedio- cada una de las miles de víctimas que reclamarán recursos del fondo de ayuda.

Lo cierto es que dicho fondo y la burocracia derivada del SNAV costarán miles de millones de pesos anualmente, cortesía de los contribuyentes, quienes observan cómo las autoridades realizan, una vez más, caravana con sombrero ajeno para –según ellas- quitarse de encima a algunos activistas ávidos de este costosísimo e inútil perdón. El colmo es el reconocimiento oficial de que la Ley está mal hecha y que requiere de enmiendas para poder operar.

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