Consensuada por la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial, la propuesta de reforma al régimen de pensiones pasó un mes en el escritorio de trabajo del despacho presidencial.

A mediados de agosto, el Ejecutivo federal decidió ir más allá de los ajustes paramétricos y extender su iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para establecer un monto máximo a las comisiones que cobran las afores, que será igual al promedio de lo cobrado en Chile, Colombia y Estados Unidos. 

Acababa de cumplirse un año de la publicación de un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar, encabezada por Abraham Vela Dib, que establecía nuevas políticas y criterios para el cobro de comisiones, que las administradoras no atendieron. 

El pasado 22 de julio, la cúpula empresarial y las autoridades hacendarias adelantaron los cambios paramétricos y anunciaron que la contribución del sector de las afores sería una reducción de las comisiones “a estándares internacionales, en un plazo breve”. 

Y mientras, la Cuarta Transformación tendría que lidiar con uno de los mayores problemas estructurales. El año pasado, el gobierno federal destinó 16% del presupuesto para cubrir las pensiones; un billón de pesos 103,759 millones de pesos. Para este año se destinará 4.2% del PIB nacional a ese rubro y de acuerdo a proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para el 2030 rebasaría 6% del PIB.

Incrementar las aportaciones patronales y gubernamentales era uno de los grandes pendientes; pero incentivar el ahorro voluntario sólo es posible –consideran en el despacho nacional– si hay una disminución en las tarifas de los servicios financieros generados por la administración de las cuentas individuales, mientras que los representantes empresariales siempre pugnaron por un sistema de ahorro adicional o, en su defecto, por beneficios fiscales para ahorro a largo plazo.

Los altos niveles de empleo informal y los bajos salarios promedio, por un lado; y los pobres rendimientos de las cuentas contrastan con las elevadas comisiones que han cobrado las afores durante dos décadas de funcionamiento de un sistema basado en la promoción y no en la oferta de servicios que beneficien el nivel de las pensiones. 

Antes del acuerdo con los empresarios de julio de este año, la SHCP intentó tímidamente abordar este problema. El acuerdo de la Consar proponía un plazo de cinco años para que éstas alcanzaran los referentes internacionales, sin especificar la mecánica operativa de tales medidas.

Regulador sin dientes, la Consar evidenció en esa normativa que otros países ya habían establecido topes máximos al cobro de las comisiones a fin de promover la eficiencia en costos y la competencia. Costa Rica, Turquía y Reino Unido fuero enlistados, además de Chile, India y Nueva Zelanda, para el caso de reestructuras profundas.

A la propuesta pactada por Hacienda y la cúpula empresarial, el presidente adicionó una regla que era la parte del engranaje que faltaba para completar una reforma laborista. No era suficiente elevar el valor de las contribuciones, de poco hubiera servido si las afores continuaban despachándose con niveles desproporcionados de comisiones.

¿Control de precios a las afores? En el último momento, el Ejecutivo tendrá la oportunidad de marcar, ahora sí, la pauta de una agenda transformadora. Las presiones de las partes afectadas vendrán ahora a los legisladores, que dedicarán las próximas jornadas a procesar la iniciativa presidencial, mientras que la propuesta petista se irá a la congeladora.

Y queda la duda sobre quién no hizo su chamba en Hacienda, y sigue trabajando al margen de los proyectos de cambio del nuevo gobierno. 

Efectos secundarios

ANÓNIMOS. Acogidos a la figura de denunciadores anónimos, contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un colectivo ciudadano presentó una denuncia contra el diputado emecista Esteban Estrada Ramírez, por presunta falsedad en su declaración patrimonial y presuntas omisiones por conflicto de interés, al no señalar de manera puntual empresas en las que tiene propiedad accionaria. El legislador local ha sostenido que tales faltas son atribuibles al IMCO, que no actualizó la información de su 3de3. El titular del Órgano Interno de Control del Congreso tapatío, Raúl Bermúdez Camarena, admitió la denuncia y procederá a las indagatorias para deslindar responsabilidades.

LÍBERO. Exfutbolista profesional, como su jefe, Efrén Hernández Mondragón está al frente de la dirección general de Procesos de Contratos del gobierno de Morelos desde hace dos años. Los fallos de licitaciones recientes, convocadas para adquirir mobiliario, insumos de papelería y equipo de cómputo, así como la comercialización de servicios de comedor y despensas en distintas dependencias estatales han generado un alud de quejas entre proveedores incómodos con el modus operandi del funcionario y su equipo, mismos que han intentado revelar esta situación a la oficina del gobernador Blanco, pero se han encontrado con varios obstáculos para ser escuchados. Los denunciantes sostienen que las irregularidades están concentradas en el Instituto de Educación Básica, la Comisión Estatal del Agua y las secretarías de Salud y Seguridad Pública. 

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Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.