Si las campañas políticas están llenas de vaguedades y lugares comunes, las precampañas no tendrían por qué ser diferentes. En los temas económicos, las propuestas que escuchamos resultan huecas y obvias como las de buscar el crecimiento y el bienestar. Lo que no escuchamos son las recetas; es decir, los cómos.

Tampoco hemos escuchado planteamientos para reducir o hacer más eficiente el gasto público. Por el contrario, se propone la creación de nuevas fiscalías y agencias anticrimen con el correspondiente engrose del aparato burocrático.

Lo curioso, como sucede siempre en temporada de ofertas políticas, es que al tiempo en que nadie quiere racionalizar el gasto, sino incrementarlo, del lado del ingreso las propuestas de las precampañas apuestan por la eliminación de impuestos. Por lo menos, ésa ha sido la propuesta de algunos precandidatos panistas y del abanderado del PRD.

De esta forma, hemos escuchado tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Santiago Creel pugnando por la desaparición del IETU y a Josefina Vázquez Mota, por crear en la frontera norte del país una zona libre de impuestos.

Por su parte, Ernesto Cordero ha manifestado -por obvias razones- un esquema de continuidad de las políticas económica y fiscal de la presente administración, mientras que Enrique Peña Nieto ha indicado la necesidad de elevar la recaudación, sin mencionar cambios particulares a la estructura fiscal, excepción hecha de la interesante propuesta de permitir la participación de la Iniciativa Privada en Pemex, quien sigue siendo el principal contribuyente del país.

De visita por Coahuila, López Obrador, sin más, ofreció implementar políticas económicas basadas en estudios en su poder que harán crecer la economía a 6% anual y crear 1.2 millones de empleos al año.

Propuso -como dijimos- la eliminación del IETU y los privilegios fiscales , sin decir cuáles y sin especificar si eso incluía a sindicatos, ejidatarios, agricultores, autotransportistas, pequeños contribuyentes, autores y la mitad de la economía que se encuentra fuera del padrón de causantes como el ambulantaje, la piratería y otros grupos liderados por la coalición que lo apoya o si sólo dirigiría sus baterías contra quienes invierten en el mercado bursátil de acciones.

En concordancia con López Obrador -que supongo involuntaria-, Creel anunció en Guadalajara la eliminación del IETU y se inclinó por un sistema tributario simple y comprensible para cualquier contribuyente. En esto último podemos estar de acuerdo con el precandidato panista. Sin embargo, la pregunta es ¿no se trataba de lograr ese objetivo con la introducción del IETU a nuestro sistema fiscal?

No deja de resultar curioso que Creel proponga la desaparición de un impuesto que él mismo promovió y aprobó siendo Senador de la República.

Es probable que López Obrador y Creel hubieran leído el reciente informe de las Finanzas Públicas y de la Deuda dado a conocer por la SHCP en días pasados, en el que se consigna que hacia finales de noviembre pasado la recaudación del ISR y del IVA fue muy superior a lo estimado para esa etapa de finales del 2011.

De mantenerse esa proyección para diciembre, el monto de recaudación del ISR en el 2011 habría de ser 12% mayor a la de un año antes, y la recaudación del IVA, superior a la del 2010 en 7 por ciento.

Por el contrario, el informe de la SHCP revela que el IETU, como ha sido su costumbre desde que surgió, se ha quedado por debajo de la recaudación esperada. La caída del IETU sobre el monto estimado por la SHCP es de alrededor de 28% por ciento.

De esta forma, mientas el ISR captó en noviembre 57,224 millones de pesos (3,634 millones más de lo estimado), el IETU recaudó solamente 3,228 millones de pesos (1,226 millones menos de lo esperado). Ya es tradicional que este impuesto no llegue a las estimaciones previstas en la Ley de Ingresos, como también lo es que dicha Ley vuelva a limitar para el 2012 la posibilidad de acreditar el IETU contra el ISR, tal y como lo autoriza expresamente la Ley del IETU. Esta limitante se establece por no reconocer el terrible efecto que generaría en las finanzas públicas dicho acreditamiento, cubriendo con ello las notorias deficiencias de su diseño impositivo.

Esperamos mayor profundidad en el tema y que el debate sobre el futuro de la política fiscal no sea uno que le moleste al IFE.