Después de un año y cuatro meses, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió finalmente el asunto de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y su difusión durante las campañas electorales. La resolución se produce unos días antes del inicio de las campañas federales, que arrancaron el pasado 5 de abril.

Llega un poco tarde, porque en varios estados donde hay elecciones de gobernador, las campañas locales arrancaron hace unas semanas. Pero más vale tarde que nunca. La resolución de la Sala Superior establece los criterios con que las autoridades electorales juzgarán infracciones a la obligación de suspender toda propaganda gubernamental, desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, con excepción de aquella relacionada con servicios de salud, educación y protección civil.

La sentencia va dirigida especialmente a concesionarios de radio y TV, así como a servidores públicos, incluido el propio presidente de la República. Busca dar certeza respecto al alcance de las prohibiciones establecidas en los artículos 41 y 134 de la Constitución, respecto al contenido de la propaganda gubernamental y la periodicidad de su difusión.

La Sala Superior aclara cuándo las conferencias mañaneras son propaganda gubernamental. Cuando el presidente de la República habla de “logros de gobierno, temas coyunturales del ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de programas gubernamentales, y en general de información relevante respecto al actuar del gobierno con el fin de generar una imagen positiva de este ante la opinión pública”.

En otras palabras, por su contendido, las conferencias mañaneras han sido propaganda gubernamental todo el tiempo, salvo en las raras ocasiones que el presidente ha dejado de hablar de su gobierno. De acuerdo con la Sala Superior, durante las campañas, el titular del Poder Ejecutivo tiene prohibido referirse a temas gubernamentales, salvo aquellos relacionados con servicios de salud, educación o protección civil.

La sentencia también aclara que los servidores públicos que convocan y organizan las conferencias de prensa son los responsables directos si se difunde propaganda gubernamental indebida. En las conferencias mañaneras, la responsabilidad por las violaciones a las normas constitucionales que regulan la propaganda gubernamental recae sobre el propio presidente de la República, así como los demás funcionarios que participen o se involucren en su organización.

Respecto a los medios de comunicación, la Sala Superior les recuerda que ellos también están obligados por las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental. Tienen libertad para transmitir las conferencias mañaneras, pero lo hacen bajo su propio riesgo. Porque si los asuntos tratados por el presidente o sus invitados hacen que la conferencia devenga en propaganda gubernamental indebida, los medios de comunicación quedarán sujetos a las sanciones de la ley.

En principio, deberíamos ver cambios importantes tanto en los temas como la difusión de las mañaneras. Buena parte de su contenido hasta ahora las vuelve propaganda gubernamental indebida durante las campañas electorales. Al menos durante este periodo, se esperaría que desapareciera la transmisión en vivo y en forma íntegra de las mañaneras. Si el presidente se pone a hablar de lo que no debe, también habría sanciones para los medios de comunicación.

Sin embargo, la Sala Superior revoca las sanciones más importantes impuestas a los concesionarios por la difusión íntegra de las mañaneras en 2019. Peor aún, por razones diferentes, confirma la exoneración al presidente de la República y a otros servidores públicos involucrados en aquel caso. En su sentencia advierte que violaron la Constitución, pero los exime de las consecuencias. Con ello, manda un mensaje de impunidad, que daña la credibilidad de las autoridades electorales.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

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El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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