La presión en torno de las leyes secundarias crece: los que las quieren impulsar, los que las pretenden frenar y los que quieren que esos ordenamientos legales sean trajes a la medida.

Ya sabemos, ya los estamos esperando, a los que aun desde su marcada minoría tratarán de bloquear las actividades del Congreso. Lo mismo con tomas de tribuna que con manifestaciones callejeras. Son totalmente predecibles e involuntariamente transparentes en sus intenciones de sacar provecho político personal.

Pero también están aquéllos que presionan para que las reformas se lleven a cabo a como dé lugar. Festinamos el polémico upgrade de Moody’s a la calificación crediticia mexicana cuando hay pocos elementos que la sustenten.

Porque en un año en que se pierde el equilibrio fiscal y los ingresos tributarios no tienen un aumento significativo, lo que justifica la mejora en la calificación, según lo confiesa la propia correduría, es la aprobación de las reformas constitucionales.

Cambios que hoy no son útiles para aumentar la fortaleza económica. Para ello requieren de las leyes secundarias. O lo que es lo mismo, Moody’s premia que se aprobarían los reglamentos necesarios para que la reforma energética sea todo un éxito. ¿Qué pasaría si no se concretan? ¿No es una presión adicional para que esto suceda? ¡Por supuesto que sí!

Y claro que están aquéllos que de manera discreta o estridente cabildean para que las leyes secundarias de las reformas constitucionales queden a la medida de sus ambiciones.

El mejor ejemplo sucede en el terreno de las telecomunicaciones, discretamente o de forma estridente, a veces de forma burda, a veces con un poquito más de clase, los participantes de esos mercados están buscando influir en la propuesta del gobierno federal que habrá de presentar al Congreso como iniciativa preferente.

Pero en la energética sucede lo mismo. Quizá son acciones mucho menos airadas en los medios, pero no por ello menos contundentes. Dos datos son clave de lo profundo que vienen las 18 modificaciones a las leyes existentes y las ocho nuevas leyes secundarias: hoy son diferentes los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex Exploración y Producción (PEP).

La llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la CFE es muy afortunada para la empresa, por la capacidad del personaje y por los retos que implica un cambio a fondo en el sector eléctrico. Pero está muy claro que de ese puesto se retiró a quien no parecía convencido de la profundidad de la transformación que viene.

Y el caso de PEP es mucho más emblemático. De lo que hoy queda de Pemex, Exploración y Producción es la parte central del negocio, es la que se lleva las inversiones a razón de 15 o 20 a uno contra las otras áreas.

Y Carlos Morales Gil, ex Director de PEP, era sin duda el petrolero de más alto rango con experiencia en esa empresa. Nadie es indispensable, seguro que se lo pelearán las nuevas empresas del sector, pero es altamente significativa su salida en este momento.

El gobierno federal quiere una discusión rápida y limpia en el Congreso, por eso el cabildeo hoy está desatado y las consecuencias son tan evidentes.