Vía fast track se aprobó la reforma política del Distrito Federal, y es que de una manera poco usual y rayando en la eficiencia los diputados encontraron las justificaciones para aprobar en sus términos la minuta remitida por los senadores. A alguien le corría prisa.

El dictamen indica que el Distrito Federal recibirá el mismo trato que las entidades federativas, que en adelante se llamará CDMX; que habrá cabildos en las demarcaciones territoriales; que la Asamblea será considerada como un congreso local más; y que tendrá una Constitución, entre otros.

A pesar que la reforma tiene tiempo cocinándose, capea el ánimo entre los capitalinos que sólo traerá más gastos y corrupción; y que con ella no se solucionarán los problemas de inseguridad, agua, tráfico e ineficiencia administrativa de la ciudad.

En el dictamen existen verdaderas joyas jurídicas que vale la pena mencionar: nace con los plazos vencidos, indica que en la primera semana de diciembre el INE deberá publicar la convocatoria para elegir a la Asamblea Constituyente. Corresponderá a la SCJUN determinar si es legal y/o constitucional dicho artículo, lo que es real es que violenta los derechos de los candidatos independientes, quienes pagarán el costo de tener vencidos los plazos.

La mejor broma legislativa es que los candidatos independientes a la Asamblea Constituyente necesitan reunir 75,000 firmas en un plazo que determinará el INE, pero que debido a lo apretado del calendario no sobrepasará los 60 días. Así mismo, el ciudadano deberá memorizar el nombre del candidato para escribirlo en un cuadro en blanco en la boleta, ¿así o más difícil? En definitiva, cierra la puerta a los independientes.

Otro bodrio se jurídico consiste en que faculta a los senadores, diputados federales locales y jefes delegacionales para ser asambleístas constituyentes sin abandonar sus encargos, violentando la prohibición constitucional de tener dos encargos o comisiones. Con o sin sueldo, esto es una aberración constitucional.

Finalmente, la reforma es omisa en destacar en el texto constitucional los principios de transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción para la nueva entidad federativa, y es que quizá los diputados lo consideraron redundante en el caso de la ciudad de México. Ya en pleno maratón Guadalupe-Reyes, los excesos legislativos nos tienen sin cuidado.

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