Al cierre del 2016 cierran dos de las investigaciones anticorrupción más grandes en Estados Unidos. Ambas involucran a dos grandes consorcios que para obtener contratos sobornaron a oficiales de gobiernos. Y ambos casos involucran a funcionarios mexicanos.

En el número 4 en el top 10 de los casos más grandes llevados por las autoridades estadounidenses, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés), está la investigación contra Teva, la firma farmacéutica de origen Israelí cuyos directivos informaron a los accionistas que harían una reserva de aproximadamente 520 millones de dólares para esquivar un juicio.

Esa reserva cubriría cualquier infracción referente a las conductas de los representantes de Teva en Rusia, México y Ucrania durante el periodo 2007-2013. Cualquier arreglo final estaría sujeto a la aprobación de la Corte, el Departamento de Justicia y la SEC .

La compañía –que cotiza en el NYSE– fue acusada de haber recurrido a sobornos para aumentar sus ventas y obtener aprobaciones regulatorias, que le habrían generado ganancias por más de 214 millones de dólares, que fueron consideradas beneficios ilícitos .

En Rusia Teva hizo negocios con una compañía de re-envasado propiedad de un funcionario del Ministerio de Salud, quien ganó cerca de 65 millones de dólares en ese negocio. En Ucrania, contrató a un funcionario del gobierno como consultor y le pagó 200,000 dólares a través de cuotas mensuales y viajes. Y en México –de acuerdo a la información que fue divulgada por las autoridades judiciales– Teva sobornó a médicos encargados de los servicios de salud pública.

Y justo estas últimas dos instancias divulgaron el monto de las sanciones: 283 millones de dólares, mientras que la SEC aplicaría una multa por otros 236 millones e impondría un régimen de monitoreo independiente durante tres años.

Así concluye un año de pesadilla para la firma Israelí, que en México ganó notoriedad tras del cierre de su planta en Guadalajara, Jalisco, hace tres meses, y el litigio que interpuso en tribunales de Nueva York contra los hermanos Fernando y Leopoldo Espinosa Abdalá, antiguos propietarios de Rimsa de México, a quienes acusa de haber falseado los informes para cerrar la operación de compraventa por 2,300 millones.

Hasta el 15 de diciembre el Departamento de Justicia había logrado captar 4,700 millones de dólares a través de este tipo de demandas. Este año, de acuerdo con esa instancia gubernamental, se caracteriza por un aumento de los pagos de los ejecutivos individuales, un marcado descenso en la aplicación de la industria de la defensa y un castigo continuo por fraudes, producto de la crisis financiera.

A mediados de esta semana se conoció la información sobre el acuerdo alcanzado por autoridades estadounidenses y suizas con los abogados de las empresas brasileñas Odebretch y Braskem, que aceptaron pagar 2,600 millones de dólares tras declararse culpables de un solo cargo de conspiración para violar las disposiciones de la Foreign Corrupt Practices Act. Ambas compañías podrían haber sido elegibles para penas aun más altas, pero cada una recibió 25% de descuento por su cooperación en la investigación.

El fiscal del este del distrito, Robert Capers, estimó que pagaron cerca de 1,000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de todos los niveles del gobierno en muchos países, entre ellos México.

En Odebretch funcionaba un departamento para sobornos , del que salían las coimas.

Odebrecht era elegible para recibir una multa de hasta 4,500 millones, pero su capacidad para pagar esa cantidad, sin forzar los despidos o lastimar a la compañía estaba en duda. El Departamento de Justicia, junto con sus homólogos de Brasil y Suiza, indicó que estaba dispuesto a aceptar el número más bajo, de 2,600 millones de dólares.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿FINEZAS? En vísperas de la última posada, sin visos de ascetismo o miramientos, quedan los testimonios de las pachangas convocadas al amparo del poder. Allí quedan las invocaciones de los senadores perredistas contra Donald Trump –con piñata incluida– que casi provoca un incidente diplomático; la fiesta ofrecida por el líder de la burocracia, Joel Ayala Almeida, con el show sin pausas de Carlos Cuevas y Martín Urieta y la convivencia que concitó a los trabajadores de Banobras, en el Lienzo Charro del Pedregal. En el top de la lista de las pachangas navideñas está la que disfrutaron mandos medios y superiores del INAI junto con los comisionados de ese órgano autónomo, que comenzó con una comida –el pasado viernes 15– en uno de los salones del complejo Ambrosía, que continuó en el Little Mommy, uno de los antros más concurridos de Escenaria, y terminó en una taquería de aquella zona de la ciudad. En todo momento este reventón tuvo como protagonistas –tanto de momentos chuscos como de escenas embarazosas, refieren testigos– a los cuatro varones que integran el pleno de comisionados, mismos que son la comidilla del personal por su exuberante conducta fuera de horarios de oficina.

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