Recordatorio: No olvidemos el 3 de mayo, Metro Olivos. Justicia para las víctimas, castigo para los responsables.

El pasado 7 de abril, en El Economista, apareció una nota en la que Amnistía Internacional (AI) afirmaba que la actual administración federal ha desplegado más efectivos militares que en los dos sexenios anteriores. La nota no aclara si en esta contabilidad se incluye a las fuerzas armadas disfrazadas de Guardia Nacional. Expertos han señalado que la mayoría de quienes ostentan el uniforme de este cuerpo siguen adscritos al Ejército o la Marina, su mando es un militar que obedece claramente al secretario de la Defensa. Con estE despliegue ¿estamos en un país más seguro?

En el mismo documento, AI denunció la falta de atención e interés en el tema de la protección de género, el hostigamiento y los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos. Se habla de 19 periodistas asesinados en 2020, pero es probable que el número sea mayor. El colmo es el ataque de Notimex contra varios periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno. Se concluye que México es el país sin guerra más peligroso para los periodistas. En este tema más militares no han significado nada en apoyo de la libertad de expresión.

La violencia ha alcanzado desde hace décadas también a los candidatos y políticos. Desde aquel 23 de marzo de 1994 en el que asesinaron al candidato priista Luis Donaldo Colosio las agresiones se han multiplicado. Con cifras de Etellekt Consultores, citadas por El País, hasta finales del pasado abril se puede afirmar que este proceso electoral es el segundo más violento después del de 2018 con 79 víctimas mortales; adicionalmente las agresiones, amenazas, atentados contra familiares, ataques a colaboradores, secuestros, extorsiones se han multiplicado. 

El más reciente episodio fue el atentado contra el candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta, quien fue asesinado la tarde del 13 de mayo. Un dato que hay que tomar en cuenta es el hecho de que Murrieta era asesor de la familia LeBarón. Uno de los dirigentes de MC, Dante Delgado, responsabilizó del clima de violencia al presidente López. El señalamiento se sostiene. No solo no hay una política de seguridad o de combate efectivo a los grupos del crimen organizado, sino que, además, el mandatario pone el centro de sus ataques en instituciones, intelectuales, periodistas, empresarios y contra todo aquel que lo desafía o critica. Por supuesto, no es el único responsable, pero es quien más responsabilidad tiene. 

Sobre el tema, el pasado 30 de abril, el Universal consignaba la existencia del mecanismo de protección a candidatos con el fin de que la delincuencia no interviniera en los procesos. En ese momento, se contaban 70 asesinatos relacionados con los procesos electorales. La medida, pues, reveló los lentos reflejos del gobierno y el desinterés en el tema. El ofrecimiento presidencial de que se daría protección a los candidatos que lo solicitarán bajo la premisa de que “aquí no se obliga a nadie” es, en realidad, un reconocimiento implícito de que no puede garantizar la seguridad de les ciudadanes. Es muy posible que, llegado el 6 de junio, el presente ciclo electoral se convierta en el más violento y mortífero para los candidatos y sus equipos. Aquí tampoco el mayor número de militares en las calles ha servido para nada. 

En el terreno de la seguridad para las personas comunes y corrientes tampoco la mayor presencia militar ha servido de mucho. En este tema se sabe que hay varias fuentes que arrojan datos diferentes, pero tomemos los de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana citados por el reporte “Mx: La Guerra en Números” de la agencia T-ResearchMX: desde el 1 de diciembre de 2018 al 4 de abril de 2021, se han registrado 80 mil 231 homicidios dolosos. En el mismo periodo de Enrique Peña Nieto se registraron 39 mil 446; en el de Felipe Calderón, se cometieron 28 mil 72 homicidios dolosos y con Vicente Fox, fueron 31 mil 455. Las ocurrencias sin estrategia tienen consecuencias.

El más reciente episodio fue el asesinato de los tres hermanos: Ana Karen, de 24 años; José Alberto, de 29, y Luis Ángel, de 32, de apellidos González Moreno, quienes fueron sacados de su casa en Guadalajara y encontrados sin vida después.  Las protestas que ha habido por este hecho han sido ejemplares en el sentido de lo que tenemos que hacer les ciudadanes: no guardar silencio ante la responsabilidad de las autoridades, sean alcaldes, gobernadores, secretarios, fiscales o el presidente. 

Entonces, ¿de qué está sirviendo el mayor número de militares en las calles? La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) parece tener la respuesta en un informe titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega” que: el peso de los militares es ya tan grande que “no hace falta un golpe de Estado”. Los militares mexicanos reducidos al papel de guardia pretoriana de AMLO.