¿Ecocidio en Guerrero Negro? Las alertas se prendieron en el sector medioambiental del gobierno peñista durante la última semana de marzo: la UNESCO contaría con testimonios gráficos sobre la muerte de cetáceos en la laguna Ojo de Liebre.

El único riesgo de contaminación en aquella inhóspita región de la península de Baja California son las piscinas de salmuera residual con las que la Exportadora de Sal inundó más de 4,500 hectáreas de esta región. Diversas denuncias periodísticas habían advertido sobre el riesgo de un derrame, ya fuera por el desbordamiento de esos remanentes del proceso de desecado de la sal industrial que fabrica la paraestatal o por alguna contingencia provocada por el paso de algún meteoro. En círculos oficiales atribuyeron tales versiones a una campaña mediática promovida por los directivos de Packsys, consorcio que obtuvo el contrato para procesar esos desechos, hace tres años.

Lluvias atípicas provocaron un derrame. En publicaciones digitales aparecieron las fotografías que forzaron a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para solicitar la intervención de la Profepa, cuyos inspectores realizaron una visita sorpresa a la planta de ESSA, el miércoles 29 de marzo, que se retrasó porque el notario Marcos Rogelio Espinoza Cota tardó casi ocho horas para trasladarse al punto de verificación.

En efecto confirmaron los técnicos con un dron ocurrió un derrame, el 16 de marzo, a 2 kilómetros de distancia de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno. Un vaso de salmuera residual rompió un dique de contención y derramó parte de ésta a un canal de operación dentro de la instalación residual. El canal que recibió la salmuera se encuentra dividido en diversos diques transversales, y no tiene conexión alguna con el mar. El suceso aconteció sin posibilidad alguna de afectar la vida marina , fue el dictamen.

Apenas 48 horas después del operativo ambiental, a la planta de ESSA llegó Mario Alberto Cantú, coordinador general de Minas, y enseguida, una delegación de ejecutivos de la firma Mitsubishi Corporation, que detenta 49% de las acciones de la empresa.

Tras una estancia de cinco días, el funcionario de la Secretaría de Economía decretó la liquidación de la planta productora de sal de mesa. El director de operaciones de ESSA, Daniel Couttolenc Suárez, expresó su preocupación por los obreros que serían despedidos. Si tenemos problemas financieros, no cerremos fuentes de empleos. ¿Por qué mejor no venden la salmuera? , recomendó.

Couttolenc Suárez era el mando superior con más tiempo en la empresa. Y ya fue obligado a poner fin a más de 35 años de trabajo ininterrumpido.

Inevitablemente, la suerte de ESSA se resolverá en los tribunales. En abril del 2014, el entonces director de la paraestatal, Jorge Humberto López-Portillo Basave, autorizó la inserción de un publirreportaje en un suplemento encartado en USA Today sobre las actividades de ESSA. ¿La justificación? Era importante atraer al mercado estadounidense.

Los representantes de la publicación estadounidense acudieron al Juzgado 46 de lo Civil de la Ciudad de México para demandar el pago de la deuda. ESSA, por su parte, alegó la nulidad absoluta del contrato de publicidad. En primera instancia, el juez condenó a la demandada a pagar los intereses moratorios sobre la suerte principal a razón de 1.8% mensual y hasta la fecha en que se realice el pago. La sentencia fue confirmada, en segunda instancia, por los magistrados de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero ESSA acudió a la justicia federal para promover un amparo directo, cuya resolución recayó en la ponencia del magistrado Ismael Hernández Flores, quien además determinó que la empresa no tiene inmunidad.

En otros ámbitos, también ESSA está expuesta a decisiones jurisprudenciales: en la Comisión de Competencia Económica y la Comisión de Arbitraje actualmente se tramitan sendas demandas interpuestas por las empresas Innofood, Experiencia Nutrimental y Packsys.

EFECTOS SECUNDARIOS

PREOCUPACIÓN. Una docena de aserraderos clandestinos fueron desarticulados por la Profepa durante el operativo que a mediados de la semana realizó en la delegación Milpa Alta, al sur-poniente de la Ciudad de México. A esa zona boscosa sólo podían acceder las autoridades con el respaldo de una orden de inspección que estaba lista desde septiembre pasado, pero que demoró por la inopia de las autoridades capitalinas. Hasta guerrilleros van a encontrarse , les habían advertido las autoridades locales. El pasado miércoles 5, más de 950 elementos de distintas corporaciones civiles, estatales y federales participaron en el operativo. El apoyo aéreo un helicóptero Black Hawk permitió detectar al menos otra media docena de comercios ilegales.

RETRATOS. Layda Sansores votó contra la ratificación de Paloma Merodio como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. La senadora petista calificó el proceso como una puesta en escena que tuvo como protagonista a una experta maquillista y maestra de Harvard en retocar cifras, alterar la realidad y desaparecer a millones de pobres .

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