“La política social nunca debería sustituir al mercado libre”. 

― Wilhelm Röpke

 “A nivel internacional ha habido un cambio muy importante en los precios de referencia del gas LP, que son en los que se basan los diferentes productores para fijar sus precios”. Y es que el precio del energético, de gran uso en los hogares mexicanos, depende más de factores internacionales que del mercado local.

Ese precio impacta directamente al mercado mexicano, que importa cerca del 80% del gas LP que se consume en el país. “Siempre que quieras poner una solución local para un problema global te vas a quedar corto”. Nadie puede controlar el precio del gas, ni Estados Unidos, que es autosuficiente en gas LP y tiene precios diferentes a la referencia internacional, que es la que se está elevando.

En México se anunció la creación de una nueva compañía estatal Gas Bienestar y un precio máximo para la venta del hidrocarburo, es cuestionable la eficacia de este plan para alcanzar precios más bajos. El alza en los precios es una tendencia global empujada por factores externos, como un aumento en la demanda de los clientes industriales y una baja en la producción de combustibles derivada de la pandemia. 

El control de precios del gas LP puede generar más problemas que beneficios, pues genera precios artificiales que distorsionan los mercados, ya que no consideran los costos reales requeridos para distribuir el producto, y los distribuidores dejan de invertir en infraestructura.

“Los precios del gas LP se integran de: el costo base de la molécula, el costo de la logística, y los costos variables, que incluyen mano de obra, seguridad, costos regulatorios, precios de agua, gasolina, diésel y energía eléctrica.

Para resolver el problema de los altos costos del combustible, primero se debe resolver su distribución ilícita, generar condiciones de competencia y combatir frontalmente el robo.

La idea de subsidiar el gas LP para asegurar que los precios se mantengan en un nivel aceptable, es tal vez la manera más directa para resolver este problema a favor de las familias, pero también es una de las opciones más criticadas ya que no incentiva el desarrollo tecnológico.

Entre 2005 y 2009, México gastó el 1.5% de su PIB en controlar los costos de las energías, incluyendo el gas LP. Como se mantuvo un precio artificial para las gasolinas, el diésel y el gas LP, se provocó un consumo más alto al “socialmente óptimo”, que impactó directamente la capacidad presupuestaria del Gobierno.

Hay vicios dentro de la industria que no podrían repararse solo con subsidiar el insumo, cualquier apoyo económico directo del gobierno incluso podría preservar e incentivar esas prácticas.

En el largo plazo es necesaria una transición energética, a fuentes renovables e insumos en donde México pueda ser más independiente energéticamente. En especial en el tema del gas LP, una de las exportaciones más fuertes que se hacen desde los Estados Unidos.

La actual administración (2018-2024) ha orientado su política hacia el fortalecimiento de Pemex, con el objetivo de reducir la dependencia de productos petrolíferos con el exterior y aumentar la refinación del crudo, y ha tomado algunas medidas que representan cambios sustanciales en el sector: cancelación de rondas petroleras, paralización de farmouts y de proyectos de licencias, renegociación de contratos ya en funcionamiento (p.e. en gasoductos) y paralización en el otorgamiento de determinados permisos a privados (p.e. en gasolineras), generando incertidumbre en las empresas privadas que ya tenían operaciones o planes de inversión en el país.