Con el aparente objetivo de incrementar el monto de recaudaciones fiscales y en perjuicio del régimen laboral de subcontratación, la Iniciativa de Ley de Ingresos —incluida en el Paquete económico 2020— propone modificar la Ley del IVA. Estos cambios acarrean severas consecuencias para los sectores más desfavorecidos de México, para el desarrollo del país y para los programas sociales que se pretendía fortalecer con las contribuciones.

La retención del IVA a la subcontratación laboral es una propuesta que compromete la viabilidad de este régimen de trabajo, pues con ella se reducen la liquidez y la competitividad de las empresas que se dedican a la subcontratación. Según queda consignado en el documento que el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados, la SHCP “propone la obligación a las empresas contratantes de servicios de subcontratación laboral de retener y enterar el IVA causado en la contratación de esos servicios”.

De entrada, sufrirán afectaciones empresas que actualmente se dedican a la subcontratación, ya que estarán obligadas a luchar para que el SAT les devuelva el IVA, cuando, según declaraciones de la Coparmex, entre enero y agosto del año en curso, el gobierno federal ha retrasado un total de 700,000 millones de pesos de devoluciones a empresas.

Por otra parte, aunque es verdad que, dada la naturaleza de las empresas de este sector, su principal gasto es el de la nómina, también están obligadas a contratar servicios, conseguir transporte e infraestructura, uniformes, artículos de limpieza y, en fin, a llevar otros gastos corrientes. Ante este panorama, las empresas de subcontratación no tienen hacia dónde hacerse.

Ya sea que eleven el costo de sus servicios o que reduzcan el tiempo de pago que le otorgan a los contratantes, pierden competitividad. En caso de que decidan reducir el personal o que, como sucederá eventualmente de ser aprobado el Paquete económico, se vean obligadas a cerrar, aumentará el desempleo y, con éste, el crimen y la economía informal.

No conviene olvidar que se estima que más de 8 millones de mexicanos dependen directamente de la tercerización y cerca de 40 millones indirectamente, ni que, según el Inegi, el segundo trimestre del 2019 alcanzó los niveles más altos de trabajadores informales de los que se tiene registro (30.9 millones de personas); menos aun que en el 2019, 78.9% de la población mayor de 18 años considera inseguro el país. Cabe recordar que el gobierno se comprometió a atacar las causas de la violencia.

Actualmente, la subcontratación está contemplada en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo. Esto es indispensable para el funcionamiento económico en el mundo globalizado. Según la Cámara de la Industria de Transformación, la subcontratación sirve para fortalecer los procesos, la interdependencia y la complementariedad entre empresas, sustituir importaciones, permitir una mayor integración de las empresas de menor tamaño a los procesos de manufactura y ensamble de bienes, operar en el mercado internacional y mejorar la calidad en general.

Los sectores productivos se verán afectados por la retención del IVA. Desde productores de software hasta comedores industriales, por la necesidad de actualización tecnológica, para reducir los costos de las contrataciones, por requerir perfiles de trabajos especializados, para aumentar la productividad. Todos recurren al régimen de tercerización.

Cabe añadir que el SAT está forzando a que las empresas que contraten personal por tercerización se conviertan en recaudadoras y retenedoras; así, se les está imponiendo funciones que no les corresponden y para las cuales no están preparadas. Lejos de favorecer el buen funcionamiento de la economía, propicia la evasión fiscal y la no declaración. Pero esto no es lo peor.

Las consecuencias sociales del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 son terribles y no se harán esperar. Son, como quedó consignado, 40 millones de mexicanos los que dependen de este esquema.

En su mayoría, se trata de personas que se subcontratan parcialmente: adultos mayores, personas con capacidades diferentes y madres solteras. Los últimos afectados serán ellos.

Los inversionistas que requieran la subcontratación para sus negocios buscarán instalarse en otro país. Estudios del Inegi revelan que la confianza empresarial ha disminuido. De abril a agosto la serie desestacionalizada de confianza en el sector comercial bajó de 53.8 a 50.8 por ciento.

La suma de estos elementos permite concluir que la propuesta del Paquete Económico 2020 es contradictoria, contraproducente y nociva para los sectores sociales más desfavorecidos. Atenta contra los principios de su propia propuesta, es decir: “Contar con fundamentos macroeconómicos sólidos ante un entorno económico internacional en el que prevalece la incertidumbre”.

No es de extrañar entonces que tampoco se logre “promover un crecimiento incluyente que genere un mayor bienestar a toda la población”.

Teóricamente, las “medidas tributarias que se incluyen en la Iniciativa de la LIF 2020 buscan preservar la fortaleza de los ingresos públicos a través de acciones orientadas a simplificar el marco tributario y de garantizar el cumplimento en el pago de los impuestos existentes al cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. Ello, para que el sistema impositivo sea más justo, y que cada contribuyente pague adecuadamente lo que le corresponde”. En la práctica, está promoviendo lo contrario: obstaculiza el pago de impuestos e impulsa la evasión fiscal.

Los programas sociales que está impulsando el gobierno se verán comprometidos con el aumento de la actividad informal y su respectiva reducción de contribuyentes.

¿Cómo podemos esperar un mayor dinamismo económico, si, lejos de disiparse la incertidumbre ante las políticas impulsadas por el gobierno, se hacen propuestas que perjudican por igual a empresarios y trabajadores, provocando con ello la justificada desconfianza del mercado?