El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) nació de hecho como un grupo de autodefensa de los empresarios ante el embate brutal que emprendió en su contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

El mítico empresario Juan Sánchez Navarro organizó a otros hombres de negocio para oponerse a las políticas populistas del poderoso y autoritario Presidente de la República, que se había convertido en un represor del sector empresarial.

No fueron pocos los ataques para el naciente organismo de la Iniciativa Privada, muchos líderes sindicales y de otras instancias alineadas con el poder presidencial se convirtieron en auténticos sicarios mediáticos que trataban de desprestigiar la labor de defensa de ese sector productivo.

A lo largo de su historia, tanto el CCE como otros tantos grupos empresariales de renombre e influencia han tenido altibajos. En algunas ocasiones, los dirigentes de la cúpula empresarial se han convertido en paleros del gobierno en turno y, en otras tantas veces, han sabido sacar la cara para oponerse.

Algunos ex presidentes de estos organismos han sido borrados de la memoria de sus cámaras industriales, no pocos de ellos han despegado de su representación a la política y uno que otro ha sido premiado con jugosos negocios por los favores prestados a ciertas causas políticas.

Pero, con altibajos, la voz empresarial ha tenido impacto para defender la causa de este importante sector del país que habitualmente es el blanco de los ataques de no pocos grupos políticos y sociales. No hay manifestación callejera que se respete que no les cargue algún muerto a los empresarios.

Hoy el PRI ya no gobierna al estilo de Echeverría, el poder presidencial está más acotado. Sin embargo, siguen presentes decisiones de poder que afectan a determinados sectores, como el empresarial.

Porque así como aplauden a rabiar las modificaciones energéticas en curso, así también se quejan de las medidas fiscales negociadas e implementadas entre el gobierno del presidente Peña Nieto y el Congreso de la Unión.

Además del CCE, que tiene hoy un buen presidente en Gerardo Gutiérrez Candiani, hay otro organismo que históricamente se ha distinguido por su combatividad: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Hoy este sindicato patronal es el comandante de la estrategia contra la reforma fiscal, es cabecilla en el impulso a que los empresarios presenten amparos en contra de diferentes medidas fiscales, como el IVA homologado en las fronteras o los impuestos especiales a determinados productos.

Son como los grupos de autodefensa de Michoacán, que se sientan a la mesa con las autoridades, pero no dejan de portar sus armas jurídicas y declarativas para protegerse.

El CCE, la Coparmex y otros tantos grupos empresariales podrían conseguir una tregua de más largo plazo en el teatro de las operaciones tributarias con la firma de un pacto fiscal que realmente otorgue la certeza a los empresarios de que pueden hacer planeaciones de mediano plazo sin enfrentarse a las destructivas misceláneas fiscales anuales.

Lo único malo de todo esto es que el acuerdo de alto al fuego fiscal sería sobre una base incompleta e inadecuada, como es el paquete tributario vigente, que es todavía algo muy lejano de la reforma fiscal soñada en este país.