La lucha contra la corrupción es necesaria, pero no justifica aplicar a rajatabla, sin previo diagnóstico, medidas que pueden tener graves consecuencias sociales. Si bien, tras fuertes protestas, la Secretaría de Salud publicó de nuevo la convocatoria para acceder a recursos destinados a los refugios para mujeres violentadas, la suspensión misma corrobora que los derechos de las mujeres no son prioridad en esta administración.

En un país con altas tasas de feminicidio y de violencia de pareja y familiar, que puede llegar a grados de tortura, los refugios constituyen un último recurso para muchas mujeres sometidas a violencia extrema, cuya vida está en peligro y que no cuentan con redes de apoyo. Les ofrecen un espacio seguro para empezar a reponerse del daño físico y psicológico, y pensar cómo reconstruir su vida y la de sus hijos e hijas. Son imprescindibles para evitar el feminicidio y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Como explicó hace unos días Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios, éstos deben cumplir con normas de seguridad, atención integral especializada y rendición de cuentas. Reciben a mujeres en alto riesgo, que ingresan de manera voluntaria y previa valoración, con sus hijos e hijas, hasta por tres meses. La atención integral que ofrecen incluye terapia, asesoría, vestido, alimento, servicio médico, talleres y educación y, en algunos, bolsa de trabajo. La Red enlaza refugios públicos y privados y cuenta con centros de atención externa que atienden a mujeres que no están en alto riesgo. Suspender los recursos, advirtió Figueroa, pondría en peligro a 20,000 mujeres.

Si las autoridades asignan los fondos por concurso y deben supervisar el buen funcionamiento de estas instancias, lo que les corresponde es negárselos o cancelárselos si no se apegan a las normas. Someter a todos los refugios de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a la incertidumbre y a la precariedad, so pretexto de revisar los procedimientos o de buscar una mejor manera de asignar el dinero, como anunciara la Secretaría de Salud, así haya sido por unos días, no es una medida atinada.

Las feministas impulsaron el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como asunto de salud pública, inscrito hoy en leyes y convenciones internacionales (CEDAW, Belem do Pará) que el Estado debe cumplir. A lo largo de veinte años, las OSC han acumulado conocimientos y aportado su experiencia a un modelo de atención reconocido. En vez de desconfiar del trabajo de éstas, el gobierno debería valorarlo y contribuir a mejorarlo y ampliarlo.

Los más de 80 refugios privados y públicos, en efecto, no son suficientes para albergar a las miles de usuarias potenciales. Según estudios de Inmujeres (2015) y Fundar (2015), hacen falta más instalaciones, con más recursos, para asegurar su funcionamiento y cubrir las necesidades en todos los estados. Los fondos públicos que reciben las OSC son insuficientes y llegan a mitad de año, por lo que éstas dependen también de financiamiento privado (empresas, IAP), y recurren al trabajo de las usuarias y a rifas. Con frecuencia trabajan con menos de lo necesario y se endeudan mientras llega el dinero. Así, a las exigencias de su trabajo cotidiano, se añade la presión de obtener más fondos. Por otro lado, según Inmujeres, hay cierta subutilización, que atribuye a falta de preparación de las instancias que deberían canalizar a las sobrevivientes de violencia; a que muchas de éstas no saben de esta posibilidad, y a la desigual distribución regional.

El sistema actual no es perfecto, pero puede mejorarse. Además de supervisar con perspectiva de género, de garantizar que los recursos etiquetados lleguen a tiempo y cubran todo el año, hace falta fortalecer los refugios con suficientes bolsas de empleo y casas de transición, de modo que, al salir, todas las mujeres puedan seguir adelante y no piensen en volver con el agresor por falta de opciones, como a veces sucede. Es hora de tomar en cuenta los diagnósticos, de escuchar a las OSC y de pensar a futuro. La violencia no se suspende ni espera.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).