Una de las características de la economía mexicana es la proclividad de las autoridades para cambiar las reglas del juego, en especial luego de haber declarado formalmente que no lo harían.

Esto es especialmente cierto en materia fiscal, en donde hemos acumulado varias décadas con las famosas misceláneas, que por lo general se anuncian hacia finales del año, aunque muchas modificaciones llegan en la forma de memorándum, que se emite en cualquier momento y del que uno se entera cuando va a realizar cualquier trámite a las oficinas.

En ocasiones, ni siquiera los contadores denominados expertos en los temas fiscales están enterados, lo que es motivo de enojo para quienes desean cumplir con sus obligaciones puntualmente.

Para la mayoría de los inversionistas, lo ideal es ubicarse en lugares en donde las reglas del juego sean muy claras y permanezcan así durante mucho tiempo, ya que eso da certidumbre a las inversiones y permite planificar a largo plazo.

La llamada reforma fiscal, que fue aprobada hacia finales del año pasado, contiene una gran cantidad de cambios que afectan la forma de cómo tradicionalmente se manejaban las empresas y el tipo de decisiones que se tomaban; desde los materiales e insumos a adquirir, las formas y cantidades de nuevas contrataciones de personal, la política de prestaciones y las prácticas de reinversión y el pago de dividendos.

No es de extrañar el enojo de muchos empresarios, en especial cuando el esfuerzo por ampliar las famosas bases de contribuyentes, con el objetivo de meter en cintura a la economía informal, fue escaso o nulo, así como el interés por cerrar algunos de los boquetes fiscales más obvios.

Ahora se anunció que se ha declarado una tregua, que de inmediato la autoridad aclaró que no significa hacer nada en los próximos años. Sí se avanzará en corregir algunas de las cosas que no funcionan bien o que vayan en contrasentido de lo esperado.

De simplificar, cerrar boquetes o bajar tasas, nada se habló.

El otro gran pendiente de parte del gobierno es revisar y ajustar lo que a él corresponde, que es evaluar y ajustar todos los programas de gasto, para liberar recursos para programas alternativos, con un mayor rendimiento social, y la muy necesaria reingeniería de todo el sector público, buscando mayor productividad y eficiencia.

Una oportunidad de oro ya se fue, con el arranque de muchos programas sociales a los cuales no se les hizo ninguna revisión en sus reglas de operación y que bien analizados resulta que no favorecen a quienes se piensa debería ser la población objetivo o cuyos resultados son muy difíciles de medir, si no es que inexistentes.

Todo esto corresponde a la primera pregunta que uno debe hacerse cuando diseña un sistema fiscal: ¿qué tipo de gobierno queremos y de qué tamaño? No sabemos y seguimos buscando por todos lados la forma de recaudar más y elevar el gasto, aunque ésta no sea la solución; el crecimiento de la economía en las dos últimas décadas da muestra de ello.

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