La participación ciudadana no irrumpe en la vida social por generación espontánea; se requiere estimularla en aras de fortalecer la legitimidad de la gestión pública de los distintos órdenes de gobierno. La energía de las comunidades es un instrumento estratégico de la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de la legalidad; modalidades todas ellas que en su naturaleza orientan sus baterías al combate a la corrupción. Sin duda alguna, el monitoreo que los beneficiarios hacen del ejercicio de los recursos presupuestales aporta claridad y confianza, además de que potencia sus rendimientos y resultados positivos.

Ésta es la filosofía que sustenta al Premio Nacional de Contraloría Social, en su sexta edición (2014), cuya convocatoria lanzan de manera mancomunada la Federación y las entidades federativas, a través de la Secretaría de la Función Pública, los órganos estatales de control y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. El propósito consiste en impulsar y reconocer las acciones realizadas por los comités de contraloría social, así como aquellas iniciativas de ciudadanos que representen una innovación a los procesos de contraloría social, en materia de fondos y programas federalizados.

El Premio Nacional considera dos categorías: la primera, Acciones de los Comités de Contraloría Social; la segunda, Innovación y propuesta en Contraloría Social. Su calendario registró: la convocatoria, el 7 de julio; el registro y la inscripción de los trabajos en las entidades federativas, hasta el 15 de septiembre.

En tanto, el jurado se reunió el 31 de octubre para emitir su dictamen final, estando integrado por el señor Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; el maestro José Enrique Rivera Rodríguez, catedrático de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro; la licenciada Vanessa Silveyra de la Garza, coordinadora de Proyectos Especiales en representación del maestro Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana AC, y la licenciada Carolina Becerril Velázquez, directora general adjunta de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

Una vez revisados los 22 proyectos seleccionados de las rondas estatales que pasaron a la etapa nacional, el jurado determinó que los ganadores de la primera categoría fueron:

Primer lugar: Comité de Contraloría Social Sabino Chico, Querétaro.

Proyecto: Modernización del Camino San Juan del Río-Xilitla-Jalpan-Sabino Chico, en el municipio de Jalpan de Serra, Sierra Gorda, Querétaro.

Segundo lugar: Comité de Contraloría Social del Estado de México.

Proyecto: Rehabilitación del pozo de agua potable de San Pedrito, municipio de Tenango del Valle, Estado de México.

Tercer lugar: Comité de Contraloría Social de Durango.

Proyecto: Comité de Contraloría Social de Obra Pública en la colonia Las Flores Sur.

Menciones especiales:

Municipio de Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, que supervisó ocho obras y dos programas; y Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, dedicado a la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de La Herradura.

En la segunda categoría, el jurado, tras revisar 35 trabajos, decidió declarar desiertos los premios, aunque otorgando algunas menciones especiales a proyectos de carácter informático destinados a mejorar la calidad y oportunidad de la información recabada, el monitoreo de obras públicas, uso de nuevas tecnologías para fortalecer la rendición de cuentas y la atención a migrantes, presentados en Coahuila, Baja California y para Guanajuato desde los Estados Unidos.

El total de 57 propuestas provenientes de 23 entidades federativas manifiesta la intensidad de la intervención social, que habrá de promover para que cada vez evalúen más un segmento mayor de los fondos y los programas federalizados. Vamos por buen camino, las comunidades y los ciudadanos resultan ser socios confiables y rigurosos. Apoyémosles con decisión y transparencia.