A 10 años de su entrada en vigor, el Seguro Popular -que más bien se llama Comisión Nacional de Protección Social en Salud- tiene la gran necesidad de contar con reales mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como una mayor fiscalización de los recursos enviados a los estados para atender la salud de sus 55.6 millones de afiliados.

Para ello, ya existe una reforma de ley que está en manos de la Cámara de Diputados y se espera que sea turnada en unos días al Senado, donde es de preverse que Maki Esther Ortiz, desde la Presidencia de la Comisión de Salud, buscará una ágil aprobación. Se trata de darle dientes al sector salud para lograr mayor control del presupuesto que la Federación envía a las entidades.

Sólo este 2014 son 75,227 millones de pesos que requieren férrea transparencia y seguimiento de su correcto destino. Quién puede dudar de esta urgente necesidad a la luz de varios escándalos de fugas y desvíos de recursos del sector salud en Tabasco, Aguascalientes, Michoacán y Guerrero, sólo por mencionar algunos.

El comisionado nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, tiene clara la importancia de esa mayor transparencia y fiscalización, y también de ir incorporando a más estados a las compras consolidadas de medicamentos, pues en la de este 2014 sólo entraron cinco estados: Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz.

Esto ya es posible porque un cambio que sí se concretó en las reformas de ley en diciembre pasado fue que la transferencia de recursos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a las entidades federativas puede ser en forma líquida o en especie. Ese simple cambio permitió que en la compra consolidada entraran esas cinco entidades que, podría decirse, son las que tienen mayor orden y control en su sector salud.

Gabriel O’Shea explica que no es posible obligarlos a entrar a la compra consolidada aunque es evidente el beneficio de importantes ahorros porque el Seguro Popular tiene respeto total a la autonomía de las entidades federativas, pues así quedó desde su creación y puesta en marcha hace ya 10 años: se estableció que los estados se hicieran cargo de manejar su sistema de salud y que la Federación enviara el dinero para su funcionamiento.

Pero la necesidad de una mayor fiscalización también es evidente y para lograrlo se establecerá la pena de cuatro a siete años de prisión y una multa de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo a quien desvíe recursos numerarios o en especie del sistema de protección social en salud.

Aparte, se establecerán tiempos precisos para bajar el dinero a la Secretaría de Salud local y evitar que Finanzas se quede por meses con los recursos del Seguro Popular. Ahora, tendrán un máximo de cinco días hábiles; y si no lo transfieren a Salud, el Seguro Popular le hablará a Contraloría y ellos procederán.

Un elemento más para afianzar la transparencia es que quedará establecido claramente que cada representante del Seguro Popular en cada estado es solamente un brazo financiador, es el que paga. Y éste es un punto de suma relevancia porque como lo reitera Gabriel O’Shea el Seguro Popular no da servicios médicos, no tiene doctores ni hospitales, es el organismo que contrata los servicios estatales de salud, y eso hay que dejarlo muy claro en la ley.

También se afinará la parte de portabilidad para que funcione bien, y que los estados se paguen unos a otros, en los casos en que los afiliados de una entidad se atiendan en otra que no sea donde residen. Aquí, cuando un estado no le quiera pagar por servicios de portabilidad, será la Secretaría de Salud la que retenga los recursos y se los dé al estado que cubrió el gasto.