Parecen distantes las explicaciones de la autoridad ante la violencia, la cual simplemente no cede. Frente al discurso oficial, otra vez la terca realidad.

Los resultados de la más reciente encuesta nacional GEA-ISA (1,000 entrevistas domiciliarias realizadas entre el 26 y el 29 de mayo pasados) sorprenden por su dureza.

Después de una fuerte caída a finales del 2010, la evaluación sobre la gestión del presidente Calderón había recuperado terreno en la primera medición del 2011. La mejoría registrada en marzo parecía empatar con el ligero descenso en los niveles de violencia: tres bimestres a la baja en el conteo de ejecuciones. Pero el alivio duró poco.

El bimestre abril-mayo rompió el récord de muertes vinculadas con el crimen organizado y echó para abajo la idea de que habíamos tocado fondo. La realidad se impuso y la respuesta ciudadana también.

Más allá de la imagen presidencial, preocupa el deterioro de otros indicadores. Por primera vez, dos de cada tres mexicanos (59%) se dicen afectados directamente por la inseguridad y casi la mitad (43%) por el problema del narcotráfico (10 y 15 puntos arriba del trimestre anterior, respectivamente).

Como se midió el año pasado, la inseguridad ha modificado la vida cotidiana de la gente, que opta por no salir de noche, no viajar por carretera o, incluso, cambiar de trabajo o residencia. No sorprende, entonces, que siete de cada 10 sientan una afectación en el empleo y la económica de sus familias.

Un total de 53% de la población desaprueba hoy los operativos policiaco-militares anticrimen, mientras que en el 2007 nueve de cada 10 ciudadanos los respaldaba. Hoy, 55% se opone a la participación directa del Ejército, cuando 85% la aprobaba hace tres años. Sin duda, pesa el desgaste de casi cinco años de ofensiva, pero la caída de las cifras es impactante.

Notablemente, la gente tampoco avala soluciones simplistas. La mayoría considera que retirar a los militares de las calles (47%) o legalizar las drogas en el país (43%) provocaría más violencia. Reconocen la existencia del problema y la necesidad del gobierno de enfrentarlo, pero el costo social les resulta demasiado alto. Disminuir los homicidios es la demanda mayoritaria de los ciudadanos, por lo que viendo los números que se acumulan diariamente, 54% de ellos considera que la estrategia gubernamental no es la correcta.

Parecen distantes las explicaciones de la autoridad ante la violencia, que simplemente no cede. Frente al discurso oficial, otra vez la terca realidad.

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