Como suponíamos, las discusiones entre los responsables de preparar una enésima reforma fiscal, han partido, no de la necesidad de ampliar el número de contribuyentes, sino del modo de incrementar la carga fiscal dentro del padrón existente.

Esto es así, ya que el debate ha iniciado a raíz de estudiar el llamado Presupuesto de Gastos Fiscales, documento que elabora anualmente la SHCP y en el que se registra el costo recaudatorio de los diferentes estímulos, subsidios, exenciones, deducciones impositivas y regímenes fiscales especiales. Es decir, esta cuenta mide lo que el fisco federal deja de recaudar cada año.

La innegable utilidad de este registro ha resultado, sin embargo, en una constante tentación para aumentar la recaudación a través de reducir las cifras que arrojan las cuentas de gastos fiscales, en lugar de revisar la legislación y, menos aún, lo que pasa en la calle.

Reformas como la eliminación de la deducibilidad de las deudas en el IMPAC; la creación del IETU, que grava a los salarios y la previsión social exenta del ISR y a las escuelas privadas; el límite impuesto a quienes otorgan donativos a las donatarias autorizadas; la distorsión a la consolidación fiscal y la eliminación del acreditamiento entre el ISR y el IETU, entre otras, se basaron en simplemente revisar esta cuenta, analizar y cuantificar su costo y eliminar el beneficio. Así de fácil se han venido realizando las reformas fiscales. No hay truco. No hay ciencia.

Es claro que existen ciertos regímenes preferenciales que han perdido justificación, tal como la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, o la tasa del IVA reducida en Baja California Sur o Quintana Roo, o el régimen para el autotransporte, el sector agrícola, ganadero y pesquero, que han gozado de un tratamiento preferente basado en una estructura de clientelismo político. Sin embargo, por la misma razón, estos tratamientos han permanecido intocados. De ahí el temor fundado de que la recaudación se busque, de nueva cuenta, en el sector que ya contribuye.

Debemos entender que incrementar impuestos a los contribuyentes cautivos no necesariamente eleva la recaudación en los montos estimados. Si esto fuera así, nos hubiéramos conformado con la reforma aprobada para el 2008 o la promovida a finales del año pasado. Tan no lo fue, que estamos hablando, por segundo año consecutivo, de otra reforma fiscal.

Los estímulos, los subsidios fiscales y las exenciones constituyen una forma de hacer que ciertos recursos permanezcan en los sectores que -por razones de políticas públicas- los requieren. En ocasiones es más eficiente operar directamente de esa forma, que por la vía del gasto público, pues esto último implica recaudar esos recursos y luego hacerlos llegar a esos sectores.

Lograr este objetivo a través del gasto fiscal en lugar de canalizarlos por la vía del Presupuesto de Egresos es más eficiente y, sobre todo, transparente, pues elimina la discrecionalidad y el favoritismo político. Las deducciones, por otro lado, si bien implican un sacrificio recaudatorio, conllevan no sólo la necesidad de reconocer la verdadera capacidad contributiva, sino la de asegurarse que quien recibe el ingreso lo tenga que declarar.

No darle efecto a las deducciones incentiva la sub-declaración de la transacción, tal y como sucede con el IVA en la última etapa (la del consumidor final), en la que la expedición del comprobante resulta en un factor de negociación del precio a cambio del impuesto.

El problema real de la recaudación no lo vamos a encontrar en el Presupuesto de Gastos Fiscales que registra sólo a la economía que ya contribuye. La verdadera causa de este problema se localiza en la otra mitad de la economía, que ni siquiera se molesta en darse de alta ante el SAT.

Cuando observamos que nuestra carga fiscal en proporción del PIB es la más baja -no sólo de la OCDE, sino de prácticamente todo nuestro continente- no es que tengamos impuestos muy reducidos, sino que muy pocos los pagan. La economía informal que se manifiesta en el contrabando, la piratería, la venta de mercancía robada y el ambulantaje, entre otras actividades, goza de un régimen fiscal especial sin igual: la evasión. Pero, insistimos, este régimen, no lo vamos a encontrar como gasto fiscal. Antes de modificar la ley fiscal, sería interesante ver qué pasa si la aplicamos, sin distingos, a todos los grupos que generan riqueza.

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