Era tan absurdo el dictamen sobre ingresos y gastos de los partidos políticos en las campañas presidenciales de 2012, que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) decidieron regresarlo y posponer su discusión hasta julio de este año.

El dictamen que presentó la Unidad de Fiscalización del IFE era absurdo porque, como mostró el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aplicaba un doble rasero para la adjudicación de costos. Por ejemplo: las cachuchas que se repartieron en la campaña de Andrés Manuel López Obrador se les asignó un costo de 16.30 pesos mientras que las gorras que se repartieron en los actos del priista Enrique Peña Nieto costaron menos de 20 centavos. Daba por válidos además, absurdos como que el cierre de campaña de Peña Nieto en el estadio Azteca le costó apenas algunos miles de pesos.

Pero si bien el dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización del IFE está plagado de absurdos como ese, técnica y jurídicamente es válido. Esto lo afirma un experto en cuestiones electorales como Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE. En declaraciones a José Cárdenas, Ugalde sostuvo que el sistema de fiscalización de los recursos públicos de los mexicanos que gastan partidos y candidatos no funciona para llevar a cabo una verdadera fiscalización.

Y no por ser un marco legal añejo y anquilosado. No. Se trata del marco legal que derivó de la reforma electoral de 2007, cuando se pretendió poner un tope al gasto excesivo de dinero en elecciones y el sistema electoral. En esa reforma los partidos y legisladores aprobaron, entre otras, dos cosas: prohibir el gasto directo en publicidad en medios para candidatos y partidos y darle la facultad al IFE para repartir tiempo oficial; y crear una Unidad de Fiscalización de los recursos que no dependiera de los consejeros del IFE.

Y estamos otra vez como en cada elección, demandando reformas electorales porque la reforma que se hizo apenas seis años se considera insuficiente.

Soy de la idea de que no tendremos nunca una reforma que ponga límite al despilfarro de dinero en las campañas y en los partidos. Por más candados que se busquen para tratar de limitar el gasto, las ideas y maquinaciones de los candidatos y partidos irá siempre por delante. En esencia, se trata de una simulación.

Y para confirmar que la fiscalización es una simulación, el viernes 8 de febrero el centro de pensamiento México Evalúa dio a conocer en su estudio El costo de las elecciones presidenciales de 2012 , que en las campañas del año pasado (considerando costo de tiempos fiscales) se invirtieron 40,248 millones de pesos. Es una cifra descomunal que incluso esconde el dinero negro que las maquinarias partidistas son capaces de disfrazar y ocultar.

La sociedad mexicana tiene muchas necesidades insatisfechas; frente a la pobreza, las muertes por desnutrición o frío, frente a la carencia de techo, educación, salud, justicia y dignidad, el excesivo gasto de las campañas es un lujo que no podemos darnos. Tenemos que acabar con este dispendio, que además se simula fiscalizar.

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