Salvar a la Comisión Federal de Electricidad sin importar el costo y los daños colaterales es un esfuerzo reiterado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  De hecho, lo han intentado siete veces desde que Manuel Bartlett llegó a la CFE con su visión de una empresa estatal todopoderosa, omnipresente y presupuestalmente golosa. Siete veces han intentado cambiar el tablero para la paraestatal que todavía produce 8 de cada 10 watts en nuestro país, perdiendo dinero. 

Empezaron revisando contratos de la CFE con contratistas de gas, ¿recuerdan? Se suspendió la operación de gasoductos, Manuel Bartlett amenazó con no cumplir contratos y al final renegoció tarifas a favor de México. El resultado no se veía mal: consiguió ahorros por 4,500 millones de pesos. El año pasado la Auditoría Superior le corrigió la plana al advertir que le vieron la cara, así que al final eso no salió.

Lo segundo fue apapachar a la maltratada y contaminante paraestatal, que veía pasar los certificados de energía limpia sólo entre sus amiguitos. Ni tarda ni perezosa, la secretaria Rocío Nahle publicó un cambio de criterios, con su firma y toda la cosa, en el Diario Oficial, para que los certificados le tocaran a la CFE sin que ésta se limpiara un poco el hollín. Esto está en tribunales. No salió.

Lo tercero fue obstaculizar a los logros de la competencia; esos que generan limpiamente y a menor precio 1 de cada 10 watts en el país. No, todo para la CFE. Le llamaron Acuerdo de Confiabilidad del Centro Nacional de Control de Energía y permitía que este centro dejara de recibir energía a discreción de fuentes distintas a la CFE. El acuerdo fue dinamitado con suspensiones a favor de los generadores y la nueva política de confiabilidad fue declarada inconstitucional. Tampoco salió. 

En los tribunales se atoraron también nuevas tarifas de la CFE para los que se autoabastecen y luego se atascaron adiciones unilaterales a contratos previos. Todo detenido por violaciones a la Constitución.

Sin embargo, ni Rocío Nahle ni Manuel Bartlett ni Andrés Manuel López Obrador son de los que se dan por vencidos. La secretaria de Energía y el director de CFE tienen una inagotable fuente de dulces para los oídos del Presidente. Si no se podía con criterios, revisiones, acuerdos y políticas, pues tocaba hacerlo ley. ¡Cómo no se les había ocurrido antes! Sexto intento, pero nada: pasó lo que pasó. La ley, que busca darle prioridad a la CFE, que la apapacha con estrellitas ambientales aunque tosa carbón, que elimina criterios de competencia e incentivos para el autoabasto, se atoró también en cuanto llegó a los escritorios judiciales.

Este mes, con elecciones como tema de fondo, herederos enbroncados como tema de grilla, tragedias como temas menospreciados y responsabilidades como temas eludidos, el Presidente nos regala un séptimo intento por hacer de la CFE, de su director, de su sindicato y de sus oxidadas plantas, una empresa devoradora de presupuesto, sin competencia, cara y sin incentivos. Ya basta de acuerditos detenidos por un juez, ahora sí va por la total, la reforma constitucional.

Y tampoco le va a salir; no le alcanzan las canicas.

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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