En mí última colaboración, a finales de abril, señalé que el camino más rápido y eficaz para restaurar la autoridad y credibilidad de la SCJN frente a injerencias exteriores como la representada por artículo 13º. transitorio que amplia ilegítimamente el mandato del presidente Zaldívar y del conjunto de los consejeros de la judicatura federal, se encontraba en una atribución alojada en la LOPJF que permite a nuestro máximo tribunal activar sus propios mecanismos de defensa institucional. 

Después de una inusitada controversia política, un abierto debate público, y una pocas veces vista discusión académica, hoy por la mañana el ministro presidente formuló dicha “consulta extraordinaria” a partir de cinco cuestionamientos esenciales.

Es sintomático advertir que los planteamientos I, II, III y V buscan de nueva cuenta debatir si la vía de la consulta es la idónea para que el pleno de nuestro máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del transitorio. Con ello, es notorio que no solamente se está preguntando sobre la validez del transitorio sino sobre la pertinencia y los alcances de una potestad que por décadas ha estado en la LOPJF, a pesar de que su utilización haya sido ciertamente efímera. No deja de llamar la atención que en el contexto de una reforma judicial que busca consolidar a la SCJN como Tribunal Constitucional -TC-, mediante el renovado valor conferido al “precedente”, en el escrito de hoy simplemente no se hayan aludido los antecedentes, uno en el año 2000 y otro en 2008, que dan cuenta no solo de su excepcionalidad, sino también de su trascendencia, funcionamiento y efectos.

Así, lo que esas preguntas parecerían sugerir es la necesidad de un nuevo posicionamiento de la actual integración en torno a la idoneidad de la vía. Al margen de que el transitorio pueda ser controvertido a través de acciones de inconstitucionalidad o amparos, no tengo duda de que la posibilidad de que la SCJN active de oficio una consulta, es la alternativa más idónea por ser al mismo tiempo la más eficaz, debido a que es la que más se aproxima a lo que el TC Alemán llamó “la competencia sobre la competencia”, que al día de hoy ha sido reivindicada por todos los tribunales de cierre, llámense tribunales constitucionales, Corte Interamericana o Tribunal Europeo, habilitándolos para que sean ellos mismos quienes definan en última instancia el espacio de actuación institucional que tienen conferido, con potestades para rechazar, consecuentemente, cualquier intento de injerencia exterior que busque afectar el alcance de su función.

Su eficacia consiste también en que es la vía que con mayor celeridad permitiría un pronunciamiento orientado a saldar, en definitiva, la polémica sobre un transitorio que ha logrado empañar las bondades de la reforma judicial y que está ralentizando su implementación. E igualmente, porque a través de la consulta se cumplirían las exigencias de la jurisprudencia convencional, obligatoria para todas las autoridades de nuestro país, que imponen a la magistratura, comenzando por la más alta, llevar a cabo un control difuso y ex officio de constitucionalidad y convencionalidad, pues para nadie es desconocido que la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra y protege las garantías judiciales, entre las que se encuentran las de independencia e imparcialidad judicial. Ello conduciría inexorablemente a que, al determinar la incompatibilidad de la disposición ésta quedase invalidada con el efecto de que la prorroga de los mandatos fuese insubsistente, pero también llevaría a que frente a la confirmación de su validez se dieran las condiciones para que el asunto escale al conocimiento de la Corte Interamericana, la cual, bajo los precedentes existentes no tendría dificultad para declarar la inconvencionalidad del transitorio en cuestión.  

Ni qué decir tiene, además, que es el mecanismo que bajo una interpretación orientada a proteger en la mayor medida posible la incolumidad competencial de la SCJN, y de la mano de los propios precedentes, permitiría que a través de una votación con mayoría absoluta de 6 votos y no calificada de 8 votos, los ministros pudieran derribar este despropósito constitucional, aunque por la relevancia de la cuestión se esperaría una decisión a una sola voz, arropada en un consenso absoluto.

No deja de llamar la atención que dentro de los cuestionamientos formulados no se haya previsto uno que cuestionara si el transitorio constituye una intromisión grave de los Poderes Legislativo y Ejecutivo hacia el Judicial, esto es, si representa una afrenta a la división de poderes que consagra nuestro orden constitucional, como el hecho de que  tampoco se haya solicitado el parecer del pleno en torno a si el ministro presidente se encuentra impedido para participar en la discusión y aprobación de la resolución. Es éste un tema crucial en donde la LOPJF recientemente aprobada no parece dejar dudas, pues existe un “interés personal en el asunto”. Sin embargo, es una cuestión que debe ser motivo de análisis preferente por la SCJN, para advertir si existe una “presunción de parcialidad”, como la ha denominado el TC Alemán, aunque debo decir que me seduce más una opinión como la de Zagrebelsky, quien afirma que dado que los intereses que se discuten en los TC son “intereses políticos”, todos sus ministros deberían implicarse del mismo modo.

Que el pueblo tenga la ocasión de escuchar de viva voz el posicionamiento de Zaldívar en la resolución del caso resulta esencial, porque no hay duda que sus palabras marcarán la ruta de solidez o de deriva de nuestra democracia, y también de la undécima época judicial que acaba de iniciar. 

* César Astudillo es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Twitter@CesarAstudilloR