La semana pasada la Secretaría de Energía (Sener) envió un anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que es preocupante. La intención es cancelar lo que logró la reforma eléctrica en 2013-2014 de dividir la actividad de generación de electricidad en seis subsidiarias, permitiendo la participación del sector privado. Ahora se busca reunificar la generación en una sola unidad central como fue desde el nacimiento de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) en 1937. Es decir, se reinstala un monopolio del estado.

La reforma aprobada en el 2013 mantiene el papel del Estado en la actividad al haber transformado a la CFE, junto con Pemex, en empresas productivas del Estado, pero creando una plataforma competitiva para la participación del sector privado acorde con la realidad y tendencias internacionales. En el caso de la electricidad, se creó un mercado eléctrico abierto a la competencia en la generación y comercialización de dicha energía. En la generación, se eliminaron barreras de entrada y se crearon seis subsidiarias para el fomento de la competencia. Ello permitió modernizar dicha actividad con el beneficio de la reducción de costos que favoreció a los consumidores al reducirse las tarifas eléctricas. No obstante sus fallas, el modelo de subsidiarias resultó más ventajoso que la concentración anterior en términos de inversión para su desarrollo, modernización tecnológica y limpieza ambiental. El esquema ha funcionado razonablemente bien, cada subsidiaria tiene su propio consejo con consejeros independientes y buenos manejos financieros en general.

Con la pretendida modificación de la Sener, se destruye el fomento de políticas de competencia y se desincentiva la incorporación de socios privados para proyectos de largo plazo, lo que sacrifica las ventajas en términos de inversiones, tecnologías limpias y beneficios para la población. ¿Por qué empeñarse entonces en regresar a un modelo que ya probó ser ineficiente, costoso y contrario al desarrollo?

La remonopolización en generación eléctrica de la CFE será un retroceso para el crecimiento económico del país. Como en todo monopolio, se daría una reducción de oferta de servicios y precios más altos por la energía. Es de esperarse que la capacidad instalada se reduzca y no haya incentivos para su expansión y modernización. Los perjudicados serán tanto la industria como los hogares.

Además, operar monopolios públicos puros conlleva costos fiscales crecientes. No se entiende como la Secretaría de Hacienda no externa su opinión de que ello representará una presión más para cumplir con la meta del superávit primario de las finanzas públicas de 1% del PIB. Ya se están dando demasiadas presiones de gasto imprevistas en el presupuesto como para agregar una más.

El problema de fondo es que los proponentes de la cuarta transformación toman estas decisiones por impulsos ideológicos. Pero tener un mercado eléctrico eficiente y competitivo para el bienestar de la población no es cuestión ideológica sino técnica.