Según lo declarado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a finales de este mes conoceremos la convocatoria para la licitación mediante la cual se adjudicará el contrato de la asociación público privada que dará nacimiento al proyecto de la red compartida mayorista en la banda de 700 MHz. Seguramente las bases de licitación se conocerán algunas semanas después.

De todos los problemas que enfrenta este cuestionado proyecto, el más grave, en mi opinión, es el de quiénes van a ser sus clientes. La Constitución y la ley le prohíben vender sus servicios a usuarios finales, incluso al propio gobierno, y obligan al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cerciorarse de que su operación sea competitivamente neutra, de tal manera que sólo puede vender servicios o capacidad a los tres operadores que hoy existen en el mercado: Telcel, Telefónica o AT&T, o a operadores móviles virtuales.

Telcel no necesita la banda de 700 MHz ya que tiene cobertura nacional en la banda de 800 MHz, que tiene características técnicas muy similares, y con la nueva licitación de AWS, más el espectro que ya tiene en otras bandas, su combinación de frecuencias será muy robusta y de magnífica calidad. A Telefónica le interesa arrendar parte de la banda de 700 MHz, no cursar minutos sobre la red compartida. AT&T está reestructurando su espectro, tal y como vimos con el reciente canje de espectro con Telefónica, y participará en la subasta de AWS.

Hoy por hoy, es el operador que más espectro tiene en reserva y no necesita la banda de 700 MHz para su crecimiento. Los operadores móviles virtuales son tan pequeños que no hay manera de que su tráfico pueda hacer rentable una red de la magnitud de la red compartida. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Sin clientes, qué modelo de negocios puede funcionar?

La respuesta puede ser escandalosa, pero desafortunadamente hemos visto muchos casos en México, sobre todo cuando de activos del Estado se trata: la especulación.

Los que diseñaron la red compartida siempre pensaron que sería subsidiada por el Estado. Todos los estudios y análisis han concluido que los objetivos de cobertura social sólo se pueden alcanzar con subsidio. A raíz de la caída de los precios del petróleo, la Secretaría de Hacienda decidió no subsidiar el proyecto; pero sin subsidio el proyecto simplemente es inviable y ningún inversionista va a meterle un centavo, lo que implicaría el primer gran fracaso de la reforma en telecomunicaciones, algo que sería muy sano económicamente, pero muy mal visto desde el punto de vista político. El gobierno necesita sacar el dinero de otra parte.

El 20 de octubre del 2015, entraron en vigor las reglas de operación del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E). A través de algún Fibra E, que puede incluir proyectos maduros y proyectos nuevos de energía e infraestructura, el Estado podría canalizar recursos de las afores (en realidad de las siefores), es decir, del ahorro de los trabajadores mexicanos, a la red compartida, con el ánimo de bajar el riesgo del inversionista privado y hacerle más atractivo el proyecto, aunque, a primera vista, éste parezca inviable. Después de todo, siempre se puede echar mano del dinero de los trabajadores.

La tentación es grande, y el proyecto de red compartida, desesperado. Espero que la Secretaría de Hacienda y la Consar recuerden que su obligación primaria es proteger el ahorro de los trabajadores de tal manera que les permita un retiro digno, y no apoyar fantasiosos y faraónicos proyectos que aún no generan un flujo positivo que garantice rendimientos constantes para los ahorradores. Mientras la red compartida no genere estos flujos de efectivo, si es que alguna vez lo hace, sería una verdadera irresponsabilidad permitir que un Fibra E invierta en ella.