Nos encontramos en plena campaña electoral y hemos sido testigos del primer debate. Quienes aspiran a dirigir nuestro país han hecho ciertos planteamientos que nos ofrecen nuevos elementos para la relevante decisión de quién ocupará la Presidencia de México.

En los artículos anteriores hemos podido reflexionar sobre los aspectos a considerar por cada uno de los candidatos en torno a los grandes temas de la responsabilidad social; después de haber abordado los aspectos sociales y los medioambientales, corresponde ahora revisar el ámbito económico.

Tradicionalmente, en el mundo corporativo o empresarial se busca generar utilidades o resultados positivos en lo económico o financiero, pero desde la perspectiva de la responsabilidad social sabemos que éste no es el único objetivo, sino que es necesario, a su vez, medir los impactos económicos resultantes de sus propias actividades económicas y sus transacciones comerciales, pudiendo éstos ser positivos o negativos. En el caso de las instancias gubernamentales, se vuelve también necesaria la medición de los impactos de las políticas económicas que se establezcan. Lo anterior implica que el concepto de “rentabilidad” que hasta ahora se ha manejado en la iniciativa privada y en el sector social, debiera aplicarse en el sector púbico.

La responsabilidad social y el desempeño económico son de gran relevancia, pues se trata de la administración de los recursos de todos los mexicanos. ¿Sabemos en qué proyectos estratégicos tienen pensado invertir los recursos del país cada uno de ellos(as)?, ¿está dentro de sus prioridades mejorar el uso de los recursos en programas que sean de alto impacto social y económico?, ¿cuidarán el endeudamiento externo?, ¿cómo piensan manejar los asuntos de recaudación y de simplificación administrativa?, ¿qué manejo darán a las pensiones de una población cada vez de mayor edad? Han salido a la luz temas como la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las inversiones en temas de energía, tecnología, infraestructura y otros asuntos más, que bien vale la pena analizar de cada una de las propuestas.

Y desde luego no podemos soslayar uno de los mayores y más serios problemas que aquejan a nuestro país, y en el que todos parecen estar de acuerdo: la corrupción. No cabe duda de que éste es uno de los principales males que no han permitido el progreso de México. Afortunadamente, este tema sí está en todas las agendas, pero la forma de abordar el combate a la corrupción es muy diversa.

¿Cuál es el compromiso personal que han manifestado y las medidas anticorrupción que han propuesto cada uno de los aspirantes? ¿El tema de la transparencia y rendición de cuentas está dentro de sus prioridades? ¿Cómo han propuesto promover estas acciones?

Como puede deducirse, lo anterior está directamente relacionado con el tema del comportamiento y desempeño ético de cada candidato(a), y de la plataforma de valores y principios que deberán prevalecer y guiar el accionar de todas las organizaciones, sean éstas públicas, privadas o de la sociedad civil, y que van más allá del cumplimiento de las leyes. Es por ello que la normatividad económica y el respeto a la legalidad, la lucha contra la impunidad, el Estado de Derecho se vuelven temas prioritarios.

Por otra parte, no podemos dejar de lado uno de los aspectos principales referentes a la “buena gobernanza”, y esto tiene que ver no sólo con la selección de la persona que se convertirá en el o la presidente de México, sino también con las personas que conformarán su gabinete o equipo de trabajo.

La gobernanza se refiere a la conducta ética de una organización (en este caso el propio gobierno) y sus transacciones con otras instituciones, incluyendo las relaciones entre éstas, así como con cada uno de sus stakeholders o grupos de interés; es decir, sus socios, accionistas, proveedores, autoridades, contratistas, clientes, competidores, etcétera, en temas no sólo económicos y financieros, sino también aquellos como la anticorrupción, la transparencia y las prácticas justas de operación, entre otras.

Si realmente deseamos el desarrollo y progreso de nuestro país, debemos considerar cada uno de estos aspectos, y promover que desde el gobierno y sus instituciones —independientemente de quién sea el que salga finalmente elegido— se promueva un comportamiento “socialmente responsable”.

*Catedrático de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México.

Twitter: @anahuac