El advenimiento de las tecnologías 4G y los distintos procesos de subasta de espectro radioeléctrico parecen ser las principales noticias del sector latinoamericano de telecomunicaciones. Hasta aquí, todas son buenas noticias, pues nada mejor para el desarrollo del sector que promover la innovación por medio de la inversión en nuevas tecnologías.

El problema lo encontramos cuando estos esfuerzos comienzan a mezclarse con expectativas infundadas, desconocimiento de las capacidades tecnológicas de las diferentes alternativas disponibles o, simplemente, se da prioridad a otras variables que poco tienen que ver con las telecomunicaciones. ¿A qué me refiero? Es más importante recolectar fondos para el gobierno de los procesos de subasta que imponer requisitos de cobertura geográfica para aquellas empresas que adquieren espectro.

El factor dinero es el principio de una cadena de desencuentros que, finalmente, juegan en contra del consumidor. Como ya se ha observado en muchos mercados de América Latina, los procesos de licitación de espectro están siendo acompañados de topes en la cantidad de ancho de banda que los interesados pueden adquirir. ¿Resultado? Altos precios para quienes deciden participar, adjudicaciones de banda completamente desiertas, litigios y esperanzas desinfladas de aquellos que esperaban la llegada de numerosas empresas dispuestas a gastar miles de millones de dólares para intentar ganar clientes en el mercado.

Un potencial segundo tropiezo que encaran los reguladores lo representan las tecnologías 4G debido en su mayoría a las expectativas exageradas que parecen tener muchos de los actores de la industria. Es importante comprender que los lanzamientos de LTE, que comenzaron en América Latina a finales del 2011, continuarán durante este año en muchos mercados de la región incluyendo México, pero los mismos serán de nicho, enfocados en clientes de alto poder adquisitivo. Esto no se debe solamente a que los operadores necesitan de mucho más espectro para poder hacer sus despliegues sin problemas de congestión de red. Hay dificultades intrínsecas a una tecnología que, al momento de ser desplegada, no cuenta con la misma madurez que contaban las redes UMTS, Edge y GSM al momento de su comercialización.

¿Economías de escala? Comercializar LTE es en estos momentos una propuesta arriesgada para los operadores móviles, sólo aquellos operadores que quieren mantenerse como líderes de innovación están dispuestos a apostar por esta tecnología cuando HSPA+ está disponible. LTE en estos momentos es caro por los altos precios de sus dispositivos, falta de economías de escala de su infraestructura y su necesidad de amplio ancho de banda de espectro para poder funcionar sin problemas.

La ventaja que presenta en estos momentos HSPA+ sobre LTE es que esta tecnología puede desplegarse en las redes UMTS (3G) sin necesidad de desplegar una nueva red. Además, HSPA+ por el momento tiene mejores economías de escala y mayor cantidad de dispositivos disponibles en las bandas actualmente utilizadas por los operadores. LTE, por su parte, tiene que abaratar sus costos de infraestructura, viabilizar servicios de voz en su red y ofrecer teléfonos a precios para el operador menores a los 200 dólares para ser una alternativa viable para la mayoría de los consumidores.

Es importante mencionar que las economías de escala de LTE tienen que ser alcanzadas en las bandas de espectro que sean seleccionadas para el despliegue de esta tecnología. En este sentido, de las más de 35 bandas de espectro que se han identificado como viables para el despliegue de LTE hay dos que sobresalen: 2.5 GHz y 700 MHz. En un futuro cercano, éstas son las bandas que garantizarán a los operadores buenas economías de escala.

El síndrome Argentina

La decisión del gobierno argentino de expropiar parte de las acciones que la empresa española Repsol mantenía en YPF ha generado bastante preocupación en sectores no relacionados con la energía. Obviamente, muchos se han comenzado a preguntar si una situación similar podría observarse en telecomunicaciones –existen los ejemplos cercanos de Bolivia y Venezuela– y cuál sería el impacto en operadores como Telefónica o América Móvil. Recibir amenazas de distintos gobiernos es algo bastante común para cualquier empresa que opere en algunos mercados América Latina.

No obstante, que estas amenazas lleven a la expropiación de un activo de telecomunicaciones es improbable a corto plazo. Sobre todo, cuando muchas de las plataformas utilizadas por los operadores de telecomunicaciones pueden estar localizadas en otros mercados para su funcionamiento. En otras palabras, el gobierno tendría el riesgo de que, inmediatamente después de expropiar una empresa, ésta no tenga capacidad de facturar, enviar mensajes de texto o acceder a aplicaciones de datos.

*José F. Otero es presidente de Signals Consulting