El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, acudió a la justicia mexicana para reclamar la reparación del daño que presuntamente le infligió el académico Sergio Aguayo Quezada en un artículo en el que expresaba que, a su juicio, la detención del también ex presidente nacional del PRI en España era un asunto que involucra corrupción e impunidad.

El Profe había recuperado su libertad. Y tenía la firme intención, en julio del año pasado, de regresar a las competencias político-electorales, aunque quedaba la duda si podría hacerlo cobijado por el tricolor o por alguna otra formación política de registro local.

El plan de Moreira para figurar en la boleta electoral quedó frustrado, pero el intento de restañar su honorabilidad sigue el curso legal. Y el juez décimo quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera, quien resolverá sobre la demanda por daño moral, decidió admitir la prueba pericial en psicología requerida por los abogados del político.

¿Cuál es el perfil psicológico del señor Sergio Aguayo Quezada en sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares y cuáles son sus principales rasgos de personalidad? , establece una de las 13 preguntas que respondió el analista político. La perito deberá determinar si Aguayo Quezada abusó de su derecho de libertad de expresión como comunicador, al atribuir sin fundamentos suficientes al señor Humberto Moreira Valdés falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada , señaló el juzgador.

Aguayo presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, solicitó el cese inmediato de Rivera Rodríguez, por considerar que sus decisiones favorecen al ex mandatario coahuilense, y propuso que Moreira también fuera sujeto a una valoración psicológica.

Al final, pasó cinco horas frente a la perito. Fue cansado pero reconozco su profesionalismo , resumió, me trató en todo momento con respeto .

A contracorriente, la definición de estos temas en el máximo tribunal del país. Y es que los ministros integrantes de la primera sala de la SCJN acaban de resolver que corresponderá a los jueces federales, y no a los locales, enjuiciar los delitos cometidos contra periodistas.

La protección de los derechos de los periodistas volvió a ser un tema de su atención, al resolver el amparo en revisión 1422/2015, tramitado por Edwin Canché Pech, quien el 1 de enero de 2014 acudió al llamado de una vecina, Amanda Pech, en el municipio de Seyé, Yucatán. Había ocurrido un incidente vial que involucraba al menor Sergio Dzul Huchim, hermano del alcalde de esa comunidad maya.

Canché Pech, como muchos colegas en el interior de la República, incluso en las grandes ciudades, tiene una actividad económica complementaria a su ejercicio periodístico (entonces, era corresponsal del Grupo MegaMedia, que edita el Diario de Yucatán) y ese día cubrió el incidente y fotografió al entonces alcalde, Ermilo Dzul, y a otros funcionarios municipales que también acudieron al lugar de los hechos.

Al saberse descubierto, el munícipe ordenó que detuvieran al periodista. Y mientras elementos de la Dirección de Seguridad Pública lo trasladaban al Palacio Municipal, fue sometido a vejaciones insultos y golpes, incluso del alcalde Dzul y fue retenido, sin que el juez conociera de alguna acusación en su contra.

Canché Pech acudió a la Procuraduría estatal y a la delegación de la PGR para denunciar las torturas y solicitó que el caso fuera atraído por las instancias federales. Sin embargo, le fue negada esta petición porque no acreditó trabajar para algún medio. En consecuencia, la víctima promovió juicio de amparo.

El ministro Arturo Zaldívar propuso a sus colegas que cualquier definición del término periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, los mecanismos de protección de periodistas deben incorporar a todos aquellos que, de alguna manera, cumplan con la función de informar a la sociedad.

Los ministros coincidieron en establecer que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio, o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿TÍTERES? Un gesto que pasó prácticamente desapercibido, pero que marcó el inicio de una nueva etapa en la CFE, fue la cancelación de la participación del director general de la empresa productiva, Jaime Francisco Hernández, en el Foro Mundial de Davos. El contrato que le aseguraba un asiento en el exclusivo foro data de anteriores administraciones; no obstante el funcionario no se sintió obligado a orientar su agenda a un viaje internacional. Su prioridad es corregir la situación financiera de la empresa y así quedó en evidencia la semana pasada, durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Administración, donde el director de Finanzas, Fausto Membrillo, recibió un espaldarazo, mientras que Guillermo Turrent, titular del área internacional, y Katya Somohano, responsable de Suministro Calificado, la subsidiaria que desde la separación atiende a los 300 consumidores más grandes, perdieron protagonismo.