La jornada electoral del domingo anterior y los días previos que ocuparon la atención de la opinión pública diluyeron el seguimiento de la comunidad nacional a la problemática de inseguridad que, lamentablemente, sufre una sociedad que reclama el regreso de la tranquilidad y de espacios públicos seguros. Sociedad participativa, pero de ninguna manera dispuesta a sustituir a los actores gubernamentales en su responsabilidad.

Dentro de este ánimo de participación y actitud respetuosa, pero contestataria, en los próximos días, probablemente haya un relevo en la asociación civil que inició hace más de 10 años la participación ciudadana en el tema de seguridad. Es probable entonces que Eduardo Gallo, asuma la presidencia de México Unido contra la Delincuencia y, sin menoscabo de lo logrado hasta ahora por dicho movimiento, oriente a dicha organización al derrotero, acorde con la problemática propia de estos días.

Por otra parte, el resultado electoral de la jornada que mencionábamos inicialmente hay que analizarlo en torno de la situación de la seguridad pública que se vive en cada una de las entidades en las que hubo relevo de partidos políticos dominantes.

En efecto, el ejercicio del poder infructuoso para combatir la delincuencia y la corrupción fue sin duda un elemento fundamental para el relevo partidista. Y en consecuencia, la derrota del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, pero también para el triunfo de dicho partido en la recuperación de Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas.

Factura electoral

La ciudadanía presentó la factura electoral buscando desesperadamente una solución al problema de la seguridad pública, mediante la sustitución de las dirigencias estatales. Quienes ahora resultan triunfadores, tanto en las entidades donde hubo relevo partidista como en aquellas donde el PRI conservó la preferencia electoral, como fueron Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, deben estar atentos a realizar una labor eficaz que se vea reflejada en la disminución de la violencia y la inseguridad. De lo contrario, para las elecciones presidenciales del 2012, el electorado podría tener un comportamiento atípico, inesperado desde un análisis que no considere al factor seguridad, como elemento que incide directa y sustancialmente en el comportamiento de los votantes.

Es cierto que en los resultados electorales influyeron las alianzas políticas y la imagen de los candidatos, pero dejar ahí el análisis, sin incorporar la seguridad pública como elemento, es entender sólo una parte del problema.

No en balde las primeras declaraciones tomadas por los medios que hicieron los gobernadores electos Gabino Cué Monteagudo por Oaxaca; Mario López Valdéz, por Sinaloa, y Miguel Alonso Reyes por Zacatecas citando sólo algunos, refieren al tema de la seguridad pública como parte fundamental de su discurso político y en consecuencia de su eje de acción de gobierno.

Pulir estrategia de seguridad

Urge entonces que se defina con los gobernadores entrantes la estrategia de seguridad pública nacional y que el diálogo entre el presidente Felipe Calderón Hinojosa y los nuevos actores políticos se establezca más allá de preferencias electorales y vínculos partidistas.

La seguridad pública no tiene tonalidades políticas; es un reclamo de la sociedad y una necesidad del país. De lo contrario, lo que se ha dado en llamar modelo mexicano de un país con clima de violencia, pero estable en los fundamentales de la economía, se puede trastocar en un país con violencia y desorden económico, lo que sería algo así como la pesadilla de la peor noche.