Es bien sabido que todo gobierno al llegar al poder, trata de imprimir su sello personal en distintas disposiciones constitucionales. Para ello arma alianzas, llega a acuerdos y trata de convencer a los demás de que aquellos cambios propuestos beneficiarán a la sociedad o al desarrollo de México.

El gobierno actual no fue la excepción a este fenómeno. Sin embargo, no contaba con una oposición que la obligara a negociar y llegar a consensos respecto de las reformas aprobadas, en virtud de que había una sobrerrepresentación que le permitía, en la Cámara de Diputados, hacer las modificaciones constitucionales que quisiese.

Mientras el presidente nos tiene hablando de sus mañaneras y entretenidos en temas a veces francamente banales, sinnúmero de reformas constitucionales fueron aprobadas sin que nos diéramos cuenta y que tienen graves consecuencias para la ciudadanía y para el futuro del país.

Me encontré en el fin de semana y, a propósito de estar revisando otras cosas, la modificación de un párrafo en el artículo 16 de nuestra carta magna. El artículo dice lo siguiente en sus partes medulares:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . .Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales . . . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. . . (Y aquí en el párrafo siguiente, es dónde viene mi asombro y mi preocupación) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Párrafo reformado DOF 26-03-2019.

Como puede verse el articulo pone en claro por lo menos tres cosas. 1. Que nadie puede ser molestado, salvo por autoridad que debe existir previamente, debe fundar sus actos y debe hacerlo por escrito. 2. Que sólo en flagrancia la autoridad podrá llevar al presunto culpable ante el ministerio público y 3. El artículo hace mención a los derechos sobre datos personales y aclara procedimientos.

En el 2019, ya con el gobierno y la mayoría de Morena en el Congreso se cambio un párrafo del artículo 16 para decir: “Cualquier persona” y “o inmediatamente después”.

¿Qué significa esto? Ahora el artículo al decir: “Cualquier persona”, nos convierte para efectos prácticos en policías a todos los ciudadanos. Es decir, que ahora cualquier persona tiene derecho a que con la simple presunción de que cualquiera ha cometido un delito puede detenerlo y llevarlo ante el ministerio público. No dice si usando la fuerza. No dice si en conjunto con otras personas. No dice más que “cualquier persona”, es decir, querido lector usted ya es policía.

Seguidamente dice que en “flagrancia o inmediatamente después” ¿Qué es inmediatamente después? ¿Después de perseguirlo por unos minutos? ¿Dos horas después porque los vecinos lo vieron correr para allá y lo encontraron en una casa? No aclara nada. Habilita sin más a que las personas hagan detenciones a la hora que quieran y sin mediar autoridad o motivación expresa.

El asunto es muy peligroso. Invita al ejercicio de la justicia por mano propia y sustituye a la autoridad facultada para ello. Nos convierte a todos los mexicanos en vigilantes de todos los mexicanos. Con ello el inicio de un estado policiaco y de delación colectiva. Como lo hacían los nazis, los fascistas o como hacen en Cuba o Venezuela. Nada más, pero nada menos tampoco.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

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