En el 2000, el gasto total del sector público federal representó 19.3% del PIB, para el año 2006 éste aumentó a 21.4% del PIB; en el 2012 ascendió a 25.1%, el año pasado se incrementó a 26.5% y el estimado para este año es superior a 27% del PIB. A estos porcentajes hay que agregarle lo que erogan los gobiernos estatales y municipales financiados, con recaudación propia y/o endeudamiento. Un enorme gasto con un muy bajo impacto sobre el desarrollo económico, como lo indica el prácticamente nulo crecimiento promedio del PIB real por habitante; la persistencia de una alta incidencia de pobreza, y que la distribución del ingreso siga siendo notoriamente inequitativa (inclusive el índice de Gini, que mide la desigualdad es, después de transferencias gubernamentales, prácticamente igual que antes de transferencias). El gobierno gasta mucho y lo gasta muy mal.

El significativo incremento del gasto público fue alimentado principalmente por la bonanza petrolera (y estos últimos dos años con una política tributaria extractiva y un mayor déficit), pero la orgía ya no puede continuar. La producción de petróleo, que alcanzó su máximo en el 2003 con 3.3 millones de barriles diarios, ha venido cayendo sistemáticamente, hasta una producción de 2.4 millones de barriles diarios. Por otra parte, el precio del petróleo, que hasta el tercer trimestre del año pasado se encontraba alrededor de 100 dólares el barril, ha caído estrepitosamente, tal que la mezcla mexicana se vende a 38 dólares el barril. Este año los ingresos del gobierno federal (mas no los de Pemex ni los de los estados y municipios) están cubiertos por las coberturas adquiridas, más el hecho de que una parte de la pérdida de ingresos por la venta de crudo se compensa con un IEPS positivo sobre gasolinas y diésel.

Los pronósticos del precio internacional de petróleo lo sitúan para el próximo año entre 40 y 50 dólares por barril, lo que aunado a que ya no habrá coberturas, significa un golpe significativo sobre los ingresos del sector público. En este escenario, no habrá de otra que realizar un ajuste mayor al gasto público. El gobierno necesita adelgazarse y volver su gasto más eficiente y eficaz.

De entrada, tanto el Poder Ejecutivo como la Cámara de Diputados tienen que hacer una profunda revisión de todos los rubros de gasto que actualmente existen y eliminar todos aquellos que no son justificables y que tienen una rentabilidad social nula o negativa, como son los subsidios que se otorgan a grupos particulares de interés, así como hacerle caso al Coneval a la hora de asignarle presupuesto a los programas sociales para hacerlos más eficaces y lograr los objetivos planteados. Igualmente, tiene que haber una revisión de la estructura de la burocracia, eliminando todos aquellos empleados públicos que sobran. En materia de inversión pública son dos las acciones: una clara transparencia en los contratos, ahora muy opacos y plagados de corrupción (hay algunos indicadores que establecen un sobreprecio de hasta 30% en los contratos de obras y adquisiciones), aunado a la cancelación de obras faraónicas como son los trenes a Querétaro y Toluca. Obviamente habrá resistencias a que se ejerza un menor gasto por parte de todos aquellos que han gozado de la orgía, pero ésta ya no será financiable.

Y ya entrado en este proceso de reingeniería, también habrá que hacer una profunda reforma del diseño tributario y establecer uno que no sólo fortalezca estructuralmente las finanzas públicas, sino que genere los incentivos correctos para lograr mayores tasas de crecimiento económico.

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