Según la leyenda, le tomó 10 años a Ulises regresar a su hogar en Ítaca después de pelear durante otros 10 en la guerra de Troya.

¿Cuántos años y qué tipo de ajuste macroeconómico requiere Grecia para regresar a los mercados de capitales? Son las preguntas de ahora, cuyas respuestas están en el viento. Finalmente, los países que forman la Unión Monetaria Europea (UME), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido lo evidente: Grecia es insolvente e incapaz de financiarse a sí misma, lo que constituye un riesgo sistemático para la estabilidad financiera de la región y del mundo.

Durante el pasado fin de semana, estas instituciones pactaron con el gobierno griego un paquete de financiamiento de tres años por 110,000 millones de euros (US143 millones) a cambio de un severo programa de ajustes macroeconómicos y estructurales orientados a restaurar la viabilidad. Miembros de la UME aportaron 80 millones de euros y el FMI 30, lo que cubre la casi totalidad de los requerimientos financieros del gobierno griego durante los próximos tres años.

El FMI está a cargo de la eva­luación y supervisión de los avances de estos programas. Por su parte, el BCE aceptará para redescuento durante un periodo indeterminado, la deuda del gobierno griego indepen­dientemente de su calificación crediticia. Esto alivia la presión de liquidez de la banca europea, la principal tenedora de bonos del gobierno griego.

La situación macroeconómica de Grecia no puede ser peor, se caracteriza por la existencia de desequilibrio interno: recesión, rigidez estructural de los mercados de trabajo y producto, desequilbrio externo: importante déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y falta de competitividad, y por último un enorme déficit del sector público y la deuda pública excesiva.

Actualmente, el déficit externo es la imagen gemela del déficit del sector público, el balance ahorro-inversión del sector privado está más o menos en equilibrio.

Los siguientes números (% del Producto Interno Bruto, PIB) del 2009 revelan la gravedad de la situación: déficit de la cuenta corriente 11.1, déficit del sector público 13.6, deuda pública 115. A esto debe agregarse una falta de competitividad en costos laborales unitarios de aproximadamente 30 por ciento.

Sin política monetaria propia, sólo quedan la consolidación fiscal y las reformas estructurales como mecanismos de ajuste. El paquete busca reducir el déficit público 11% del PIB en tres años, llevándolo a menos de 3% en el 2014 y estabilizar la relación Deuda-a-PIB en 144 por ciento. Se calcula que el PIB caiga 4% en el 2010, y 2.6% en el 2011, y que crezca a un ritmo de 2.1% a partir del 2012.

A pesar de que el anuncio de este paquete es un paso importante en la dirección correcta, la respuesta de los mercados fue de desa­probación, mayores precios de baja en los precios de los bonos de Portugal y España, y liquidación de posiciones en activos de riesgo a nivel global. ¿Por qué?

Porque el paquete llega tarde y se queda corto en dos aspectos fundamentales. Se basa en un optimismo ingenuo sobre el costo económico del ajuste fiscal y la posibilidad de que las ganancias de productividad generan exportaciones que estabilizan la demanda interna.

Seguramente la caída de la actividad económica será más severa con potenciales consecuencias políticas y sociales difíciles de predecir. Segundo, porque hasta el momento excluye lo que parece inevitable, una renegociación de la deuda. Sé que será díficil negociar reestructuras de deuda en una unión monetaria sin gobierno ni unión fiscal, pero sin renegociación será mucho más díficil encontrar soluciones que preserven la UME.

rfeliz@eleconomista.com.mx