De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus prioridades consiste en mejorar la vida de los más pobres. Al inicio de la presente administración, había cierta expectativa por ver qué cambios haría en el diseño de la política social y cómo su aproximación a este fenómeno pudiera ser distinta o incluso mejor de la que tuvieron los políticos que lo antecedieron.

Los datos muestran que al momento de tomar posesión (2018), en México el 48.8% de personas estaban en situación de pobreza por ingreso y 16.8% en pobreza extrema. La realidad es que, desde 2008, los niveles se mantuvieron relativamente constantes. Esto demuestra que, durante diez años, no se implementó una política social de gran calado que hubiera dado como resultado un avance significativo en la materia.

No cabe duda de que las expectativas en el presidente eran altas, pues al inicio dejó ver que no habría espacio para la corrupción, clientelismo o discrecionalidad en el manejo de los programas sociales. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que este gobierno no tiene una estrategia de combate a la pobreza que diste de las anteriores. Al igual que otros gobiernos que tuvieron resultados poco alentadores, el de AMLO se ha basado en el otorgamiento de programas de transferencias en efectivo como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales otorgan a los beneficiarios $5,000 y $4,310 pesos mensuales respectivamente.

Desafortunadamente, el problema se ha agravado a causa de los efectos económicos derivados de la pandemia por el Covid-19. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Lo anterior representaría una nueva cifra de 56.7% personas en pobreza por ingreso y un 25.3% en pobreza extrema por ingresos, equivalente a 7.9 y 8.5 puntos porcentuales adicionales a los niveles reportados en 2018.

Lo lógico es que esta desafortunada situación hubiera sido suficiente para detonar un cambio de estrategia, dejando a un lado la lógica de programas asistencialistas para adoptar un enfoque de atención integral a los problemas estructurales. Finalmente, queda claro que la aproximación de los últimos diez años a dicho fenómeno no ha sido benéfica. Entonces, si la estrategia tradicional no logró dar resultados positivos, ¿qué nos hace pensar que podría hacerlo ahora que la situación económica y social son considerablemente más críticas?

No cabe duda de que hay muchos problemas por resolver. Una de las acciones pendientes radica en cambiar la lógica de los programas sociales, los cuales han actuado como un paliativo que únicamente contribuye a evitar que la pobreza crezca. Aunque en algunos casos pueden brindar resultados positivos, estos desaparecen al poco tiempo de que se eliminan. Lo anterior refleja la ilusión de progreso que se crea con ellos, así como la falta de eficiencia en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2020, el 85% de los programas sociales del gobierno federal, no está en condiciones de resolver el problema público que les dio origen. Asimismo, durante el primer año del gobierno de la actual administración federal (2019), de los 17 programas sociales prioritarios de AMLO, 14 obtuvieron bajos niveles de desempeño. Esto demuestra la poca efectividad de las herramientas a través de las cuales se busca darle solución al problema. A ello se le debe añadir la lógica clientelar que sigue formando parte de la mayoría de estos.

Al respecto, algunos expertos sugieren que mientras la política social se limite a este tipo de acciones y no se discutan otras opciones integrales para garantizar derechos universales, será difícil enfrentar el reto. Esto se traduce en la necesidad de entablar un diálogo entre distintos sectores (salud, educación, seguridad social, empleo, vivienda, economía, entre otras) para entender y atender la pobreza en la coyuntura de la pandemia.

Finalmente, también se debe hacer una revisión del gasto social en términos de su nivel y calidad. El número de pobres seguirá en aumento y sus carencias se irán profundizando si se sigue pasando por alto la necesidad de invertir y construir capacidades en las personas y de darle mayor coherencia a todas las acciones de política social. Las recetas tradicionales sólo sirvieron para mantener un nivel que, aunque poco alentador, se mantuvo estable. Por ello es momento de replantear las viejas acciones y de aliviar el sufrimiento que esta población vive a diario.