Hipótesis para economistas y otros científicos sociales: si la corrupción rampante no hubiera envenenado los esfuerzos de desarrollo en México, el PIB podría ser hasta del doble. La endémica corrupción nacional tiene muchas causas de diverso tipo, pero para esta entrega quisiera destacar una de ellas de gran pernicie: las facultades de supervisión que las leyes, regulaciones y normas otorgan a la burocracia. En la entrega pasada mencioné las vivencias empresariales que solía compartir conmigo un amigo de mi padre que manejaba una pequeña empresa textil por el sur de la ciudad. Constantemente llegaban a esa fábrica inspectores de todo lo imaginable debidamente credencializados. Invariablemente, todos venían a extorsionar en búsqueda de un cohecho.

El ominoso recuerdo viene muy a cuento en estos días en que se ha dado a conocer la nueva norma ambiental para reducir la contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cabe aclarar de entrada que no se trata aquí de cuestionar las intenciones de las autoridades para expedir esa regulación, las cuales pueden ser incuestionables. El problema reside precisamente en que las arraigadas tradiciones de rapacidad gubernamental suelen empujar a la basura hasta las intenciones burocráticas más inmaculadas.

Hace unos días un experto en cuestiones ambientales de nombre Adrián Fernández Bremauntz puso el dedo en la llaga del problema al señalar que las intenciones de la nueva norma ambiental podrían verse frustradas si no se redoblan esfuerzos para evitar la corrupción . Esa nueva norma debe obligar o pesar sobre automovilistas, concesionarios y verificentros , pero está la realidad de que todos ellos desde su perspectiva pueden distorsionar su aplicación mediante el recurso a las coimas que se ofrezcan a las instancias de verificación. Desde luego, no se trata de acusar a unos y exculpar a otros: Tanto hace el que mata a la vaca como el que le jala la pata .

Se informa en la nota del martes correspondiente aquí en El Economista que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa) vigilará a los 300 verificentros en el cumplimiento de la nueva norma ambiental. Pero dada la rapacidad endémica de los servidores públicos en México, cabe hacerse la pregunta que no es ociosa: ¿y quién vigilará que los inspectores de la Profepa que supervisarán a los verificentros cumplan su encomienda de manera limpia y profesional? Dados los antecedentes y las tradiciones burocráticas, nadie puede asegurar que así ocurrirá.

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