Se me pararon todos los pelos de punta cuando leí la indignada reacción del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ante un nuevo atentado al instituto, y corrí a leer la convocatoria de la que se quejó en los medios. En efecto: la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial una convocatoria para participar en la elaboración de una norma de gestión de calidad específica para organismos electorales.

El objetivo es (¿están sentados?) elaborar una norma con los requisitos necesarios para que la organización electoral “demuestre su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta”.

¿Perdón? ¿Desde la Secretaría de Economía? ¿A los organismos electorales autónomos?

Respiré profundamente dos veces (inhala, exhala) para entender mejor lo que estaba viendo y me calmé un poco después de escuchar la reacción más mesurada aunque con tono de alerta del consejero presidente del organismo electoral en Jalisco, Guillermo Alcaraz. No es tan grave como parece, pero es más grave de lo que se anuncia.

Me explico. La parte tranquilizadora es que esta es una norma mexicana, elaborada por una asociación civil que participa con la Secretaría de Economía, pero la norma no es oficial. No es una NOM con carácter obligatorio y general. La norma mexicana de gestión de calidad, que ya existe, es algo así como un ISO, un sello de buena conducta que pueden lucir las empresas (e incluso dependencias públicas y hasta municipios) que voluntariamente se sometan a ellas. La norma vigente es de 2015 y establece criterios para control de procesos, mejora, evaluación y hasta gestión del éxito, entre otras cosas. Muy útil principalmente para organizaciones empresariales. De ahí que este tema se aloje en la Secretaría de Economía.

Hasta ahí todo bien. No es oficial. No es obligatoria. No es del Ejecutivo directamente metiendo las narices en los procesos electorales.  Es una estrellita en la frente para presumir o para hacerlo mejor.

Aclarado esto, pasemos a la parte gravísima. Hacer una norma específica para lo electoral, dentro de una norma preexistente de gestión de calidad que articula una secretaría es muy perverso. Da la impresión de que es civil, pero el objetivo declarado es “demostrar la capacidad para gestionar elecciones”. La Secretaría de Economía de un gobierno emanado de elecciones calificadas por esos organismos, abraza un examen específico para éstos. Eso afecta la autonomía de los organismos electorales.

¿Acaso eso significa que nadie puede evaluar al INE o a los organismos estatales? Qué tontería. No. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lo ha hecho en incontables ocasiones, la Universidad de Guadalajara y otras instituciones igual, los observatorios ciudadanos mil veces, Alianza Cívica eso hacía; el PNUD tiene cientos de publicaciones al respecto y estoy dejando fuera a cientos de organizaciones de la sociedad civil que han documentado valientemente las fallas, los abusos y los aciertos tanto del poder  como de los organismos electorales cuando cambiamos autoridades.

Eso sólo por hablar del escrutinio público ciudadano. No olvidemos además, que las decisiones de los organismos electorales son controvertibles en tribunales. Si la decisión no se apega a la ley, deben rectificar con base en la ley, que es la que ya tiene los criterios para gestionar elecciones.

Lo de la norma es una trampa. Para empezar porque el Ejecutivo sí está involucrado, así sea tangencialmente. Esto es un esfuerzo del poder, disfrazado de civil, con sonrisa de oveja de “soft law” para calificar y descalificar (como parte interesada, no pierdan eso de vista) la validez de las instituciones que tanto trabajo costó levantar.  Es una trampa. 

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.